La auditoría de las pensiones sociales no contributivas generaron sospechas que enmascaran ausencias en la asistencia estatal a personas con discapacidad.
Los prestadores a personas con discapacidad reclaman retrasos de pagos, cuyos honorarios están desactualizados.
La auditoría de las pensiones no contributivas por discapacidad laboral fue anunciada por el gobierno nacional en febrero, y la difusión de casos puntuales generó sospechas sobre todas las prestaciones. A las personas que viven con discapacidad, el Estado las convoca a acreditar su condición: deben renovar –según los casos– el Certificado Único de Discapacidad (CUD) una vez por año.
María Rosa Julián es la directora de la Asociación de Padres por la Igualdad Rosario, es la madre de María Emilia, con síndrome de down, de 38 años. Su hija pudo estudiar y trabajar, aunque sabe que no es lo más común.
“Una persona con síndrome de Down no tendría por qué ir periódicamente a confirmar su condición en un efector público. Antes era una vez al año, ahora es cada cuatro”, dice María Rosa.
—Una vez le dije al neurólogo que me atendía en el hospital provincial: “El tema del síndrome de down cambia, porque si es así yo vengo todas las veces que me citen, pero me parece que estamos ocupando un lugar que no es necesario”.
“Me dijeron que no les están pagando a los médicos”, cuenta Aixa Mac Lean, de 22 años. Considera que “están medio raras las cosas para discapacitados, están más caros los cursos, los trámites. Mi mamá y mi papá tienen que hacer todos los años el trámite de discapacidad”.
Aixa Mac Lean estudia la tecnicatura en la Escuela provincial de Teatro y Títeres. Quiere ser actriz. Tiene que hacer distintas terapias, como fonoaudiología y psicología, también tiene una maestra de apoyo. Su mejor amigo la lleva al centro donde las realiza, tres veces por semana. En la provincia de Santa Fe, transportistas de personas con discapacidad vienen denunciando atrasos en los pagos con precios desactualizados.
Aixa le pide al estado y a la sociedad que “ayuden a las personas con discapacidad, que tienen que brindar más ayuda, que los transportistas y los profesionales reciban lo que corresponde, porque las personas con discapacidad somos importantes”.
El pedagogo italiano Francesco Tonucci postula que una ciudad, una sociedad, puede definirse por cómo trata a las infancias. El mismo criterio se aplica para el trato a quienes viven con discapacidad: una sociedad que no los ve, que se desentiende de sus problemas, que no genera condiciones para el acceso a sus derechos, es una sociedad excluyente.
María Rosa lo escucha en Applir, pero no lo vive en carne propia porque su hija pudo acceder a un trabajo, y nunca accedió a pensiones sociales. Cuando quiso tramitarla, le dijeron que no cumplía con los requisitos.
“Por ahí te dicen que las familias tienen que ocuparse de las personas con discapacidad. Y sí, pero si no te dan las herramientas, todo es más costoso y difícil. Si tenés que ir a hospitales, veo a muchas mamás que están horas sentadas esperando. Eso debería mejorar”, dice la presidenta de Applir.
LEER MÁS ► Santa Fe: personas con discapacidad denuncian ajuste y precarización en la asistencia estatal
La inclusión laboral es un gran déficit, pese a las leyes 22.341 y 26.816, que establecen un cupo de 4% en empresas públicas y privadas que brinden servicios públicos para personas con discapacidad y también un sistema de empleo protegido.
“Dicen que se debe incluir el 4% de personas con discapacidad, pero ¿dónde están?”, dice María Rosa. “Vos ves realmente que el Estado no está presente, y no es de ahora”, agrega.
Applir se creó hace 17 años. “La asociación que tenemos, ¿por qué existe? Porque el Estado no está presente, si no, no debería existir. Las personas con discapacidad deberían tener espacios para estar y relacionarse, porque la parte social también es importante”.
En Applir, que funciona en la zona sur de Rosario, en Centeno 970, brindan talleres de peluquería, zumba, folklore, carpintería, música, cumbia cruzada, fotografía y reciclado de residuos. Quienes asisten pagan una cuota mínima, pero imprescindible para mantener a la asociación.
“No podemos pagar todos los meses si tenemos servicios esporádicos”, dice María Rosa, que tiene 78 años, y asegura que seguirá trabajando por los derechos de las personas con discapacidad mientras viva. “Soy feliz haciéndolo”, asegura.
“Es una población vulnerable también en el sentido económico, son muy pocos los que pueden. Entonces, si nosotros aumentamos la cuota, dejan de venir”, cuenta María Rosa. Para lograr la sostenibilidad hacen actividades y eventos.
El lugar, los servicios, “todo se paga y no hay un apoyo estatal permanente”.
Applir capacitó para trabajar como mozos, en gastronomía, pensando en los bares. “Estuvo todo muy bien presentado, vinieron empresarios, pero duró unos meses. Mi hija trabajó en el bar Lorenzo, de San Lorenzo e Italia, pero fueron unos meses y después ya está”.
En ese marco, armaron un servicio de cátering. “Tuvimos bastante trabajo, pero fue un tiempo también, después vino la crisis”. No lo pusieron sostener, porque los requisitos del Estado provincial y para contratarlos cada tanto les resultaron prohibitivos.
En este marco, la auditoría de las Pensiones No Contributivas tiene diferentes aristas, ya que se trata de poblaciones vulnerables, y en muchos casos, ni siquiera les llegan las notificaciones para concurrir a hacer los trámites.
Ante esas dificultades añadidas por los requisitos estatales, instituciones de la sociedad civil como Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Salud Mental Memoria y Transformación (Cesmmyt) compartieron guías para que los profesionales puedan acompañar a las personas con discapacidad en el trámite.
“Entendemos este proceso de auditoría como una de las tantas políticas de instrumentación de la crueldad que pretenden que las vidas sean desechables. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a manos del gobierno nacional, la instrumenta con una clara intencionalidad de confusión calculada”, dicen desde Cesmmyt.
Y afirman: “Nuestra sociedad está organizada, de manera desigual y capacitista, muchas personas no pueden acceder a un trabajo que garantice condiciones mínimas de existencia y la PNC resulta un ingreso que, aunque paupérrimo, se constituye para muchas personas en el único disponible para su sobrevivencia”.
Por eso, reclaman “la imperiosa necesidad de desarrollar y aplicar efectivamente políticas de inclusión laboral a través de la estrategia de empresas sociales, o de políticas afirmativas como el cupo laboral para las personas con discapacidad, que generen procesos de validación de las personas”.
