Alrededor de 20 familias viven en La Carbonilla, sobre los terrenos ferroviarios de la Estación Belgrano que la Nación pondrá a la venta.
En el asentamiento conocido como La Carbonilla viven unas 20 familias.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El Gobierno de la Nación oficializó la decisión de iniciar un "procedimiento de enajenación" de terrenos fiscales a lo largo y ancho del país, entre los que incluyen más de 20 hectáreas ubicadas al norte de la de Santa Fe y 201 lotes que se encuentran en barrio Guadalupe.
Este jueves, las máximas autoridades de la Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado) visitaron Santa Fe y recorrieron, junto al intendente Juan Pablo Poletti, las tierras que pertenecieron al ferrocarril en el área comprendida entre Calcena al norte, Vélez Sarsfield al este y oeste, y Bv. Gálvez al sur.
Mientras tanto, la Municipalidad de Santa Fe anunció la creación de una comisión que trabajará para determinar el perfil urbanístico que se le dará a toda esta zona de la ciudad. Entre otros organismos, participarán las vecinales, colegios profesionales, universidades, el Centro Comercial y el Concejo Municipal.
La idea del Municipio es impulsar un desarrollo urbano que contemple la construcción de edificios, zonas comerciales, turísticas y también áreas de parques, con las correspondientes aperturas de calles, iluminación y servicios esenciales como, por ejemplo, cloacas, gas y agua potable.
Sin embargo, no todos estos terrenos se encuentran liberados: sobre calle Vélez Sarsfield, entre Pedro Ferré y Córdoba, se desarrolló durante los últimos años un asentamiento conocido como La Carbonilla, en el que viven aproximadamente 20 familias en viejas construcciones ferroviarias y en casas precarias que se extienden junto a las vías.
Cualquiera sea el proyecto que termine realizándose en esta zona estratégica de la ciudad, las familias que habitan La Carbonilla no podrán ser desalojadas de ninguna manera, ya que este asentamiento se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, creado por ley en 2018 y actualizada en 2022.
Se trata de la Ley 27.453, que dispuso la suspensión de desalojo de barrios populares inscriptos en el registro, por lo menos, hasta 2032.
En este contexto, la única alternativa será buscar el consenso con los actuales habitantes de estas viviendas. Si bien algunos puede aceptar mudarse a otros lugares de la ciudad, desde fuentes oficiales advierten que, seguramente, la mayoría de estas familias optarán por quedarse.
Frente a esta situación, será necesario que el Estado emprenda un proceso de urbanización, llevando servicios esenciales, iluminando, pavimentando calles y buscando la forma de que este sector conviva con los nuevos desarrollos inmobiliarios.
El Registro Nacional de Barrios Populares depende del Ministerio de Capital Humano. En la página oficial del Renabap, se advierte claramente que estos asentamientos no pueden ser desalojados.
Incluso, se plantea textualmente:
"Ninguna persona, institución o empresa puede violentar, amenazar, hostigar, acosar, amedrentar o perseguir a las y los habitantes de un barrio popular para abandonar un terreno. Estas acciones pueden consistir en:
Si esto ocurriese es importante intentar registrar -siempre que se pueda- estos sucesos mediante fotos, videos o notas de voz. En caso de no poder contactarse en el momento con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) o la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), es prioritario hacerlo posteriormente. Consultá los canales de asesoramiento y denuncia".
Las negociaciones entre la Municipalidad de Santa Fe y el Estado nacional sobre cómo se realizarán las ventas de estos terrenos ferroviarios recién comienzan. En general, se sabe que el 30% de los recursos obtenidos de la venta o subastas de lotes fiscales se destinan al Tesoro de la Nación.
Seguramente, cuando el proceso avance, llegará el momento de analizar en detalle de qué manera se distribuyen los fondos obtenidos por estas ventas y cuánto retorna a la ciudad de Santa Fe.
El proceso de urbanización y de traspaso de estos terrenos a manos privada, implicará previamente una inversión del Municipio para llevar servicios e infraestructura a la zona.
Existe un antecedente cercano de terrenos nacionales que fueron subastados en la ciudad de Santa Fe: entre 2018 y 2019, se vendieron 22 lotes estratégicos, cercanos a la Terminal de Ómnibus de la ciudad.
Si bien se dijo que el dinero obtenido por las subastas retornaría a Santa Fe, nunca se informó de manera clara y oficial cómo se distribuyeron los fondos. Gran parte de aquellos terrenos continúan siendo simples baldíos, ya que los compradores privados no realizaron ningún tipo de inversión.
El intendente Poletti aseguró que, esta vez, se tomarán los recaudos necesarios para no repetir equivocaciones.
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