Tras el pedido del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa para que se aprueba la reforma del Código Procesal Penal, la presidenta de la comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado (PRO) motorizó la convocatoria para discutir este miércoles a las 10 esa iniciativa, que siempre dividió las aguas en el Congreso.
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La presidenta de la comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado (PRO) motorizó la convocatoria para discutir este miércoles a las 10 esa iniciativa, que siempre dividió las aguas en el Congreso.
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Milei reclamó al Congreso Nacional que trate los cambios a la legislación penal luego de varios asesinatos en la provincia de Buenos Aires, que provocaron un fuerte cruce con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Rodríguez Machado acordó con sus pares de la comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), acelerar la citación al plenario con el objetivo de comenzar a discutir un dictamen, ya que con las siete reuniones que hizo el año pasado ya concluyó la ronda de consultas.
La discusión será previa a la sesión impulsada por bloques opositores para este miércoles al mediodía para tratar diversos proyectos que apuntan a investigar, pedir informes o interpelar a funcionarios involucrados en el cripto escándalo Libra .
Fuentes parlamentarias señalaron que la idea es comenzar a tratar entre los diputados el despacho que se impulsará en base a la propuesta del Gobierno Nacional, pero también incluir algunas propuestas de la decena de proyectos que existen en la cámara baja.
Y precisaron que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14 años, como proponen entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
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La legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, impulsa mantener la edad actual e incluso analizar si a los 16 años ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado
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Además del massismo, el presidente del PRO Cristian Ritondo también propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y en la misma línea está el proyecto presentado por el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, así como las iniciativas impulsadas por los legisladores de Producción y Trabajo, Nancy Picon, y la radical Carla Carrizo.
En cambio, el diputado libertario mendocino Álvaro Martínez presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los doce años, y la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, impulsa mantener la edad actual e incluso analizar si a los 16 años ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado, así como una serie de medidas de contención social.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Todos los proyectos proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil diversas sanciones además de la prisión para los delitos menores y para lograr la resocialización del menor.
En ese sentido, la iniciativa del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o de lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.
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En la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei pidió que se reforme el Código Procesal Penal.
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Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.
