Pero eso no fue todo: 32 de esos 45 certificados llevan la firma del mismo abogado apoderado y la redacción de unos y otros es tan parecida que, incluso, se repiten los mismos errores de ortografía.
Por ese motivo, Lorena Ulieldin, interventora de la Caja, presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía Regional Reconquista del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
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Lorena Ulieldin, interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado de Santa Fe.
"Desde que asumimos, comenzaron a realizar distintas medidas de control, hasta que detectamos esta situación llamativa en Reconquista", explicó a AIRE.
La Caja de Previsión Social recibe todos los meses los aportes de todos los agentes públicos de la provincia de Santa Fe, para que sus familiares cobren luego del fallecimiento del beneficiario un aporte similar al de un seguro de vida.
Sin embargo, los afiliados están en condiciones de pedir un adelanto de estos beneficios. En general, cobran un 20% cuando se jubilan, pueden cobrar otro 10% si no tienen familiares directos y también reciben un 10% en caso de que certifiquen el padecimiento de una enfermedad terminal.
Más enfermos terminales en Reconquista que en Rosario
Uliendin explicó que, mientras desde abril del año pasado en la ciudad de Rosario se presentaron 22 certificados por enfermedades terminales, la cifra en Reconquista llegó a 45.
En 32 de esos certificados observaron que habían sido impresos por computadora, que tenían una redacción muy similar y que incluso se repetían los mismos errores ortográficos.
Otro dato que llamó la atención es que aparecían las firmas de distintos profesionales médicos. Y cuando les consultaron a algunos de ellos, aseguraron que nunca habían firmado esos certificados. Incluso, notaron también que un mismo médico firmaba, supuestamente, de manera diferente entre los distintos certificados.
Todo esto alimenta las sospechas de que, en realidad, se trata de una falsificación masiva de estos documentos.
El abogado que actuó como apoderado está en la mira de la Justicia. Y como los seguros en cuestión iban a ser cobrados por las personas que supuestamente padecen enfermedades terminales, los fiscales del MPA también deberán investigar si existió un accionar organizado entre todas estas personas para estafar a la Caja de Previsión Social.
"No podemos asegurar que haya existido un obrar doloso de los beneficiarios, pero lo cierto es que el dinero del seguro va hacia ellos. Tampoco se puede afirmar que en todos los casos las enfermedades sean falsas. Por eso hay que investigar a fondo", remarcó Ulieldin.
Se calcula que, de haber existido un fraude, superó hasta el momento los 80 millones de pesos.
