Ninguno de los números anunciados resiste análisis, el ajuste es inconsistente, micro y macroeconómicamente. La clave está en esta frase: “Cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”. ¿Vale también para elecciones ejecutivas?
Pese a las proyecciones oficiales, consultores y relevamientos de mercado doblan los pronósticos de inflación y suben el precio del dólar y bajan las expectativas de crecimiento.
Foto: NA
Corríjanme en voz alta, en los comentarios o en X, pero de las 1.315 notas escritas sobre el proyecto de presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei hace una semana ante el Congreso, sólo dos, una o ninguna reparó en la línea que bien podría haber titulado la intervención sin audiencia: “Es una regla tácita de la política argentina que cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.
Luego vamos con el ajuste perpetuo, para qué sectores y por cuánto tiempo, según las proyecciones del gobierno y otres analistas. Repasemos esa frase, créame que es la clave.
No vamos a auto citarnos por enésima vez, pero sí a subrayar el discurso y, con él, la importancia absoluta que tiene para Milei (mientras se hacen los mismos negociados de siempre, el Papa denuncia coimas en el Estado y se privatizan empresas públicas) la “guerra ideológica”, porque batalla cultural es ya una fórmula abusada por el populismo, hoy en internas feroces, con actos y afiches que rememoran viejas campañas electorales, pero aún sin plan de resistencia ni proyecto de gobierno.
Lo que Milei les dijo a todes la noche del domingo 15 –particularmente al sindicalismo, al peronismo y a cualquier colectivo que pretenda condicionarlo políticamente– fue “junten todos los votos y manifestantes que quieran, no me importa, los voy a barrer a vetos, gases y palos”, o también “lo masivo es una porquería, la democracia está mal, es una contabilidad de manos sin cabeza que votan lo peor para su suerte”.
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El presidente que inventó una cita de Cicerón y –por falta de una mesa chica de gente leída, no hacen falta intelectuales para esto– se perdió una del genial gorila de Borges, que hubiese podido explotar sin tocar una coma: “La democracia es un abuso de la estadística, y además no creo que tenga ningún valor, ¿usted cree (al entrevistador) que para resolver un problema matemático hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no”.
Borges es genial en primer lugar y en un grado molesto y menor un gorila ilustrado, pero un gorila que fue capaz de redimirse arrepintiéndose de esa frase en 1983 (citando a su vez a Thomas Carlyle) y que muchísimo antes había escrito el “Poema Conjetural” en donde el civilizado Narciso Laprida encuentra la muerte a manos de los montoneros de Félix Aldao y piensa mientras se desangra “yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre las ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto: al fin me encuentro con mi destino sudamericano”.
Laprida entiende, porque Borges entiende, pero Milei no. Y no lo cita ni siquiera cuando le conviene, porque los economistas no leen literatura, por el algoritmo esquivo que le devuelve lo que genera.
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En cambio, el presidente ha dicho que, en 2025, un año en donde hay vencimientos pendientes con el FMI por USD 24 mil millones (incluye los compromisos de las provincias), sin chances de refinanciar nada porque el cepo no será levantado y con prestamistas que exigen un riesgo país de 800 puntos o menos altamente improbable, va a pagar los compromisos internacionales y locales en moneda dura y con lo que sobre (poco y nada) ¡va a bajar impuestos!
Que se entienda: no la va a repartir, no va mejorar servicios ni salarios estatales, sino que les va a subir cargos y tarifas a millones de argentines y exceptuar impositivamente a unos pocos miles de grandes contribuyentes.
El 20 de noviembre de 2023 escribimos en AIRE que “a 40 años de la recuperación democrática, ganó un frente cuyos candidatos principales la desestiman como sistema”. Diez meses después eso mismo fue escrito y dicho por el presidente. Y el presupuesto es la traducción cifrada de esa convicción, porque 2025 será el año en que viviremos sin Estado y las mayorías no van a importar absolutamente nada.
En un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se señala que los artículos 1 y 70 del proyecto de presupuesto -desde el inicio digamos- establecen la “regla fiscal” o de “déficit cero”, que ya fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2002 (fallo Tobar) pues implica en exceso de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y sin una pauta temporal que la limite.
En el artículo 70 se añade como 11 bis de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, lo siguiente:
“ARTÍCULO 11 bis.- Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de reestablecer el referido equilibrio financiero.
Lo apuntamos más arriba: todo gasto o inversión estatal que no sea garantizar el pago de vencimientos de deuda será recortado, el Estado tal como lo conocimos hasta el momento dejará de existir por ley, de hecho ya se ha retirado significativamente en el primer semestre del año: con un ajuste del 10% de la estructura (se duplicó la cantidad de personas desocupadas en el sector público), se destruyeron 332 mil empleos formales, y en un país donde más de un millón de niñes comen una sola vez al día, se repartieron tarde y mal alimentos a tiro de vencerse remanentes del gobierno anterior, sin nuevas licitaciones para comprar absolutamente nada.
Y adivinen cuáles son las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo que deberán ser proporcionalmente recortadas: los recursos asignados a Educación (-44% respecto de 2023), Ciencia y Tecnología (-32,1% respecto a 2023), Salud (-18,2% respecto de 2024), Seguridad Social (-10.1% respecto a 2023), Universidades Nacionales (-5,2% en promedio respecto de 2024) y transferencias por Coparticipación Federal de Impuestos a las provincias (-30% respecto de lo percibido en 2023).
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A los gobernadores dialoguistas, ninguno libertario pero que promovieron el voto por Milei en el balotaje y gustosos firmantes del Pacto de Mayo, simplemente se les recordó lo que señalamos también en AIRE y ya habían aceptado: que para bajar el “gasto público consolidado a 25 puntos del PBI, requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de USD 60 mil millones”.
Como bien señala el informe de CEPA, sólo un puñado de países africanos, enclaves neo coloniales donde los niveles de pobreza y exclusión baten récords mundiales, poseen un gasto público equivalente al 25% del PBI. Los 18 gobernadores firmantes del Pacto de Mayo, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, rubricaron eso: asimilar la Argentina no a Irlanda, Australia o Alemania sino a Malasia, Senegal, Togo o Tailandia.
Hace días, otra nota de AIRE reveló que el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, se quejó porque sólo el 5,2% del presupuesto nacional será destinado a financiar obras en la provincia. Si hay quejas es por dos razones, una más indefendible que la otra: o porque Milei, Francos o quien sea el interlocutor les mintió, o porque no contaron bien las obras que serían reactivadas con fondos nacionales.
Pasemos en limpio el listado de obras paralizadas antes del voto por la Ley de Bases. Por entonces la provincia se comprometió a hacerse cargo de 189 obras nacionales paralizadas (muchas de las cuales no serán finalizadas), y el gobierno libertario firmó la finalización de 25 de las 214 que estaban en marcha (es decir el 11%). 16 de esas 25 (el 64%) eran trabajos menores de bacheo y repavimentaciones en rutas nacionales, mayormente concentradas en rutas y accesos a puertos que administra el complejo agropecuario en el sur provincial.
No estaban en la lista del acuerdo de junio pasado ni en las planillas actuales del presupuesto ni el Plan Circunvalar ni el arreglo del Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé o los USD 25 a 30 millones que costaría uno nuevo. Hasta ahí los papeles, entones ¿por qué promesa verbal o juramento de Wahtsapp o Telegram los funcionarios santafesinos esperarían otra cosa?
Una de las economistas pertenecientes a CEPA, Julia Strada, también politóloga, santafesina y actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, declaró que uno de los pocos o los únicos que pueden parar ésta amenaza convertida en ley de leyes son los gobernadores provinciales: “Lo que a mí me gustaría que los gobernadores levanten un poco la cabeza y tengan un poco de dignidad, por ellos y por sus habitantes, porque prestándose a votarle este presupuesto se pegan un tiro en el pie. Ya lo hicieron firmándole el Pacto de Mayo, que no era un papel pintado, los genios que le firmaron eso le firmaron un gasto del 25% del PBI, deberían dar una discusión en serio”.
El último Informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, es coincidente con otros al señalar supuestos macroeconómicos disparatados y contradictorios en el presupuesto. El principal está referido a la inflación prevista para 2024, con un 104,4% que sólo podría ser alcanzado si los guarismos de setiembre a marzo caen del 4,2 de agosto a un promedio del 1,2 mensual hasta diciembre, es decir 3 puntos de caída intermensual sin escalas graduales. Y en 2025 vaticina un promedio mensual de 1,4% para redondear una variación anual del 18,3% en diciembre.
Este año, con el mayor ajuste y recesión de la historia democrática cuanto menos, no pueden bajarla del 4%; la economía puede incluir manifestaciones de fe, arrojadas a las convicciones esotéricas más abstrusas, pero quisiéramos ser razonables y fundar este vaticinio en la historia reciente y pasada: no va a suceder. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (REM BCRA) sitúa la inflación 2025 en 38,4% y el FMI en su última proyección augura un 45%.
Tampoco la caída de la economía será del 3,8% interanual, porque para que eso ocurra la recuperación del segundo semestre debería ser del 0,5% y compensar un primer semestre de .4,4%. No hay ningún dato de la realidad que permita avizorar semejante cosa. Ni qué decir el 5% de crecimiento previsto para 2025, para lo cual habría que superar por un punto el nivel de actividad 2023.
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El saldo comercial favorable por USD 20.748 millones tiene dos problemas. Un dato ya señalado es el volumen de vencimientos a afrontar en dólares en 2025, sumados a un esquema de liquidación de exportaciones “tipo blend” que permite la fuga el 20% hacia los mercados financieros, lo que “compromete la capacidad financiera del gobierno para hacer frente a pagos de deuda con dólares genuinos, en un escenario de reservas netas negativas” por más de USD 9 mil millones.
Poco que decir de un dólar a diciembre 2025 anclado o rondando los $1.207. Todos los relevamientos de mercado -incluido del REM BCRA- consideran un dólar que oscila entre los $1.387,9 y $1.412, más de un 15% más caro que el estimado.
Por último, un artículo que CEPA señala como clave y representa que “hecha la ley de leyes, hecha la trampa”. Se trata del 68 del presupuesto que desfonda las partidas críticas del Estado, al eliminar los mínimos legales a cubrir. Y afecta a las Asignaciones por Hijo, con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para la protección social y por el cuidado de la salud que perciben trabajadores registrados y no registrados.
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Actualmente son móviles y aumentan automáticamente (en función de la fórmula previsional), pero el famoso artículo 68 deroga la movilidad para que tanto los montos como la definición de quiénes las perciben queden a voluntad y criterio del Poder Ejecutivo, lo que le permite al presidente congelarlas o licuarlas y reducir su alcance focalizándolas aún más.
Como se ve y si los legisladores mandados por sus gobernadores no perciben que éste proyecto los perjudica económica y políticamente, 2025 será el año en que viviremos sin Estado, al menos sin el Estado que repara los daños calculados del capitalismo para reconciliarlo con algo que cada vez importa menos: la democracia.
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