En este marco, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Nicolas Mayoraz, adelantó que más que penar simplemente al menor, lo que se hace es darle una nueva respuesta al problema de la delincuencia juvenil, a través de un régimen penal específico.
"El objetivo del proyecto, de acuerdo al art. 4, es fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. Además de procurar que supere el riesgo social y toda la conflictividad que acarrea la comisión de delitos", remarcó.
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Mayoraz señaló la importancia del proyecto del gobierno de Javier Milei.
El proyecto mantiene el respeto de los derechos y garantías que deben ser seguidos y cumplidos de acuerdo a la Constitución Nacional y tratados internacionales. "Por ejemplo legalidad, in dubio pro reo, respeto, dignidad humana, entre otros; y también consagra la protección de la víctima del delito, con medidas que puede dictar el juez o el fiscal.
No es solo la pena de prisión, también se busca que durante el proceso y cuando cumple condena se le brinde al menor orientación, asistencia a programas de formación y educativos", detalló el diputado libertario y candidato a constituyente de Santa Fe.
Vale decir que la pena no podrá superar los 20 años para el caso de estos menores, y el proyecto prevé que los mismos sean alojados en centros especializados. "No irán a la cárcel con adultos sino a establecimientos especialmente destinados a formación educacional, reinserción social y re socialización de menores.
En definitiva, se trata de una iniciativa del gobierno que busca dar respuesta a los cambios sociales y a la realidad que vive nuestro país, que reclama medidas más efectivas para combatir el crimen, en la que lamentablemente cada vez participan más jóvenes adolescentes", aseguró Mayoraz.
Los expertos que fueron escuchados durante el estudio de la iniciativa, coincidieron en que a los 13 años pueden comprender cabalmente la criminalidad de sus actos, por lo que deben responder por su conducta y los daños que generen a las víctimas y a la sociedad en general.
"Pero hay que destacar que la cuestión no se reduce a la edad de imputabilidad. La idea es también rescatar al menor del ambiente delictivo. Por eso se prevén distintos programas tendientes a la resocialización del menor: educativos, formación ciudadana, deportivos, etc. Además, la posibilidad de ordenar tratamientos médicos, en casos de afecciones físicas o psicológicas", dijo el diputado de LLA.
El proyecto crea, además, la figura del “supervisor”, quien acompaña al menor desde el comienzo de su tratamiento, debiendo elaborar un plan de educación y resocialización personalizado.
Vale mencionar que la semana que viene ha sido convocado el plenario de Comisiones que deben dictaminar sobre el proyecto del Ejecutivo y otros presentados, con la intención de llevar la discusión al recinto en breve plazo.
