El proyecto fue elaborado por los senadores de la UCR Rodrigo Borla, Felipe Michlig, Germán Giacomino, Orfilio Marcón, Leticia Di Gregorio, Leonardo Diana, Ciro Seisas, Hugo Rasetto, Raúl Gramajo, Pablo Verdecchia y Germán Baumgartner.
La iniciativa declara la emergencia vial en el territorio de la provincia de Santa Fe “con el fin de paliar el déficit y deterioro existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general”.
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Al respecto, agrega que la declaración de emergencia tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por única vez y por idéntico período por decisión del Poder Ejecutivo, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.
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La iniciativa plantea plantea que el pago de las obras viales se afronte mediante el programa Contribución por mejoras.
Más allá de que todos los sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia el mantenimiento y la construcción de rutas provinciales, la contratación de las empresas constructoras y de dónde surgen los fondos paras encarar los trabajos quedaron en el foco de objeciones.
Compre santafesino
Según confirmó AIRE, el bloque de senadores radicales mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) quienes expresaron su preocupación por la posible eliminación del Compre santafesino. En diálogo con AIRE, Verónica Eizmendi, presidenta de la CAC, explicó que “la inquietud de la Cámara es que el proyecto de ley anula el Compre santafesino".
Y agregó: "Pedimos que en lugar de anularse por completo, se aplique uno de los criterios que establece el compre, que es el que da la oportunidad a las empresas santafesinas cuyas ofertas se encuentren dentro de un porcentaje definido por encima de la oferta no santafesina ganadora, de ejecutar la obra al valor de la ganadora”.
“Eso garantiza beneficios a empresas, comercios, servicios y mano de obra local”, remarcó.
Sobre el estado general de las rutas en Santa Fe, Eizmendi sostuvo que “es malo. Se han licitado obras viales para mejorarlas y el gobierno busca herramientas para que sea lo antes posible. Todo lo que ayude a acelerar esos procesos es bienvenido”.
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El proyecto fue elaborado por los senadores de la UCR Borla, Michlig, Giacomino, Marcón, Di Gregorio, Diana, Seisas, Rasetto, Gramajo, Verdecchia y Baumgartner.
Vale precisar que el proyecto que es analizado en comisiones expresa que “sin perjuicio de lo establecido por el art. 36 de la ley 5188, y para obras viales exclusivamente, cuando la oferta de la empresa local o santafesina superase hasta el 5% a la mejor oferta realizada por una empresa que no es santafesina, se le dará la posibilidad a la primera de igualar la mejor oferta y así será adjudicada. En caso de que exista más de una empresa santafesina que no supere el 5% establecido en el párrafo anterior, se dará oportunidad a todas ellas para ofrecer nuevamente”.
¿Cómo se pagan las obras?
Otro de los puntos que generó controversia – y que posibilitó que el bloque del PJ adelantara su rechazo al proyecto- tiene que ver con los recursos necesarios para afrontar las obras. El proyecto establece que el gravamen provincial se denominará contribución de mejoras e indica que cuando la Dirección Nacional de Vialidad o la Dirección Provincial de Vialidad construyan caminos pavimentados o mejorados que aseguren el tránsito vehicular permanente, los inmuebles ubicados dentro de la zona contributiva establecida quedan gravados por el régimen de contribución de mejoras. Igual obligación corresponderá a las obras viales que se realicen con leyes especiales o por convenios con el Estado Nacional.
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Además, dispone que el aporte a cargo del contribuyente sea como mínimo el 10% del costo total de la obra. Sin embargo, la iniciativa dispone que el Ejecutivo puede establecer porcentajes superiores a ese mínimo legal. En otro párrafo, se plantea que cuando personas físicas o jurídicas interesadas en la construcción de un camino pavimentado, manifiesten voluntad de efectuar aportes económicos para su ejecución, la Dirección Provincial de Vialidad podrá suscribir convenios con los mismos y los montos que se establezcan pasarán a integrar el porcentaje aludido.
Por otro lado, se indica que las propiedades directamente frentistas a la obra abonarán un adicional por metro de frente que será establecido por la autoridad de aplicación. El valor que se fije en ningún caso podrá superar el 1% del costo del metro lineal.
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El bloque de senadores radicales mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) quienes expresaron su preocupación por la posible eliminación del Compre santafesino.
Al respecto, quien se manifestó en contra es la entidad rural CARSFE, que a principios de agosto se reunió su Consejo Directivo para analizar la temática. “Por unanimidad y en representación de los productores agropecuarios de la provincia, CARSFE rechaza cualquier intento de aumento recaudatorio” y agregó que “esta ley generará en la producción primaria la obligación de ponerse al hombro toda la infraestructura no realizada en la provincia durante los últimos 25 años”.
Asimismo, señalaron que “el gobierno nacional pide tener paciencia para la quita de impuestos, mientras que por el otro, como en este caso, los legisladores provinciales quieren sumar uno nuevo. Esto no hace más que asfixiar a un sector que no tiene más aire para soportar”.
Los fundamentos de la UCR
En los fundamentos del proyecto, los senadores provinciales expresaron que “es de público conocimiento que la red vial provincial, como la nacional que atraviesa nuestra provincia, se encuentran profundamente deterioradas por falta de obras de repavimentación, mantenimiento, reparación y conservación de las rutas y caminos que la compone, lo que amerita su emergencia inmediata a fin de paliar esa grave crisis por la que pasa prácticamente toda la red vial. Razones lógicas de seguridad vial así lo aconsejan”.
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Por otro lado, respecto a la contribución por mejoras, los legisladores señalan que “resulta necesario recordar que el principio en que se fundan las disposiciones legales vigentes para fijar la contribución de mejoras es el incremento de valor objetivo que adquieren los inmuebles beneficiados con una obra pública, conocido como plusvalía, lo que les otorga una situación de privilegio respecto de aquellos que se encuentran fuera de la zona de afectación”.
En la misma línea, se aclara que el concepto de contribución por mejoras “no constituye un impuesto, sino una contribución a la realización de la obra que beneficiará directamente al inmueble del contribuyente, por el mayor valor que adquiere: se constituye así en un gravamen justo, equitativo, que no hace más que ajustar el valor de la propiedad a medida que éste crece”.
construcción obra pública santa fe 23
Otro de los puntos que generó controversia – y que posibilitó que el bloque del PJ adelantara su rechazo al proyecto- tiene que ver con los recursos necesarios para afrontar las obras.
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Por último, sostienen que se reduce el mínimo legal de aporte cargo del contribuyente (el piso mínimo se encuentra en el 40% del monto total de obra, que se propone reducirlo al 10% con facultades al Poder Ejecutivo para elevar o disminuir ese piso mínimo, fijando parámetros legales a tal efecto); creación del registro de oposición, fijando pautas, formas de publicidad acordes a los tiempos que corren, porcentaje de oposición y plazos (hoy día solo se prevé para un caso particular: cuando la contribución deba abonarse al principio de la obra y no al final, como es la regla); mayores atribuciones a la API, con el fin de facilitar la recaudación y su posterior cobro.
La postura del PJ
En diálogo con AIRE, el senador del PJ, Rubén Pirola adelantó que definirán su postura “cuando veamos el texto final, cuando nos lo acerquen para ver si podemos introducir mejoras o no y la posición que adoptaremos”.
Semanas atrás, el legislador había adelantado que “en principio, si el proyecto no sufre modificaciones, nuestra postura es no acompañar” y advirtió: “hace no menos de 50 años que las obras viales en la provincia se hacen con los impuestos o logrando financiamiento”.
