La oposición une fuerzas contra las designaciones en la Corte Suprema y ya hay polémica sobre el nuevo acuerdo con el FMI.
El presidente Javier Milei espera que el Congreso avale el nuevo acuerdo con el FMI y las designaciones en la Corte Suprema.
El gobierno de Javier Milei tomó en la última semana dos decisiones que van al choque con el Congreso de la Nación. En primer lugar, decidió mantener en el Senado el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, luego de haber intentado –sin éxito– que asumiera en comisión por decreto. En paralelo, dispuso enviar el acuerdo con el FMI al Congreso con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no con un proyecto de ley, como establece la legislación vigente.
Ambas decisiones ya generaron revuelo en el Congreso. En el Senado comenzó a articularse una suerte de “multipartidaria” opositora se prepara para pedirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para ponerle punto final a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado. No solo el de Lijo; también el de Manuel García-Mansilla, el flamante cortesano que nombró el presidente Javier Milei y que asumió la semana pasada en comisión hasta fin de año.
Lijo, sin embargo, no pudo prestar juramento porque una mayoría en la Corte Suprema le exigió que, previamente, renuncie a su cargo de juez federal. Lijo se rehusa a hacerlo, por lo que solo podría integrar el máximo tribunal si una mayoría de dos tercios del Senado lo avala.
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El problema que enfrenta ahora el Poder Ejecutivo es que la oposición en el Senado, ofuscada por haberla esquivado al pretender designar ambos jueces por decreto, ahora busque voltear ambos pliegos. El decreto del Poder Ejecutivo que designó a Lijo y a García-Mansilla como jueces “en comisión” en la Corte Suprema cayó como una bomba en el Senado y logró unificar posiciones entre amplios sectores de la oposición dialoguista (UCR, PRO, peronistas disidentes) y el ala kirchnerista de Unión por la Patria.
La intención de la oposición es enviarle a Milei una señal clara de que el paso que dio está “al filo de la Constitución” y de que la potestad de darles acuerdo a los miembros del máximo tribunal es de la Cámara alta, como lo establece la Carta Magna. “Si no le ponemos un límite, esto va a empeorar. Si, como dice el principio jurídico, que el que puede lo más puede lo menos, ¿qué le impide ahora al Gobierno nombrar jueces federales por decreto?”, alertó un legislador kirchnerista.
La jugada no se limitará al pliego de Lijo. El pedido de sesión también incluirá la nominación de García-Mansilla. En el Senado, sectores de la oposición interpretan que, si el pliego de este último es rechazado, su desempeño en la Corte debería finalizar. El oficialismo, en cambio, sostiene que García-Mansilla ya es juez de la Corte, por lo que solo podría ser removido por juicio político.
La decisión del Gobierno enviar el acuerdo con el FMI al Congreso por decreto y no por la vía un proyecto de ley también desató fuertes críticas en la oposición parlamentaria.
El presidente Milei apeló a esta herramienta excepcional por dos razones: una, para evitar que el Senado –donde el kirchnerismo es primera minoría– demore o rechace su aprobación. Dos, porque la oposición le demandaría al ministro de Economía Luis Caputo que presente no solo el pedido de autorización al Congreso, sino también el contenido del memorándum con todos sus detalles técnicos, información que el Gobierno se muestra renuente a revelar.
El Gobierno sostiene que, con el DNU, Milei está cumpliendo el compromiso que asumió ante la Asamblea Legislativa el sábado 1° de marzo. No obstante, en el comunicado oficial no hubo precisiones sobre el contenido del decreto, sino que solo se anunció que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
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Se entiende de esta forma que el decreto autorizará el acuerdo entre la Argentina y el FMI sin demasiados detalles y que el Congreso solo podrá aprobarlo o rechazarlo. Y allí está la clave central de la estrategia parlamentaria que puso en marcha el gobierno de Milei.
Desde la oposición, el senador radical Martín Lousteau criticó con dureza el artilugio presidencial. Sostuvo que la medida es ilegal porque vulnera la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en 2021, que obliga al Poder Ejecutivo a someter a discusión del Congreso todo acuerdo alcanzado con el FMI.
Como segundo eje, señaló que es “un peligro”. “Nos quieren mandar a discutir a libro cerrado, sin brindar detalles. Sería un nuevo endeudamiento y exigencias de política económica que comprometen el presente y el futuro, tanto inmediato como lejano”. Esto lo expuso debido a que el Gobierno tampoco piensa enviar el detalle del pacto al Congreso ni publicarlo en el texto que saldrá en el Boletín Oficial, alertó.
