En el Anexo I de la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se incluyeron términos como "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para caracterizar a personas con discapacidad intelectual. Esto generó un fuerte rechazo por el lenguaje obsoleto y peyorativo empleado en la normativa.
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Tras la polémica, la ANDIS emitió un comunicado en el que reconoció el "error" y aseguró que la terminología se había tomado de referencias médicas antiguas.
"Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", explicó el organismo, y aclaró que no hubo intención discriminatoria.
A pesar de la corrección, el organismo enfatizó que la modificación no alterará los criterios de evaluación establecidos en la resolución, cuyo objetivo es determinar el acceso a pensiones por invalidez.
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Desde la Agencia Nacional de Discapacidad sostuvieron que no hubo "ninguna intención discriminatoria".