El ministro de Economía, Luis Caputo, avisó a los mandatarios provinciales del PRO y de la UCR que no cederá a sus pedidos por más recursos para sus distritos. La reacción no tardó en venir: con el aval de Mauricio Macri, los bloques de diputados esos espacios, hasta ahora aliados del oficialismo, se aprestan a dar batalla.
Milei no hace otra cosa que aplicar su manual político: no ceder y llevar la pelea hasta el borde del abismo para forzar la claudicación del rival. Convencido de que la opinión pública y el establishment económico y financiero están de su lado, confía en que podrá doblegar a quien se atreva a desafiarlo.
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El presidente está en un pico de euforia: neutralizó a los opositores que pretendían voltear, en la Cámara de Diputados, un decreto clave para la ingeniería financiera del Ministerio de Economía; la Justicia ratificó la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner y él aprovechó para quitarle su jubilación de privilegio; la economía le regaló una nueva baja en el índice de inflación (2,7% en octubre) y, como frutilla del postre, se codeó con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su exclusiva residencia de Mar-a-Lago.
“Se sienten empoderados y no quieren ceder un peso en el presupuesto 2025 para las provincias”, admiten los negociadores del PRO tras recibir el mensaje de Caputo. Enseguida los gobernadores encendieron las alarmas: acordaron presentar un dictamen propio con sus demandas la semana que viene. Pretenden hacer valer sus votos en el Congreso para forzar una negociación.
En líneas generales, lo que pretenden los gobernadores es que la Nación coparticipe aquellos recursos tributarios que actualmente no reparte y que, enfatizan, corresponden a las provincias. Es el caso del impuesto a los combustibles, que el año próximo tendrá una recaudación récord: los mandatarios proponen eliminar las afectaciones específicas cuya recaudación está destinada a obras viales y de transporte, pero que el Gobierno subejecuta. Solicitan que esos recursos mantengan ese destino, pero que sean administrados por las provincias.
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También reclaman financiamiento para las cajas previsionales no transferidas y la coparticipación de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Nación no reparte. Además, reclaman el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera.
Los negociadores de la Casa Rosada se muestran inflexibles. “Se vota este presupuesto o no se vota nada”, desafían. Los tiempos parlamentarios juegan a su favor: a fin de mes finaliza el período de sesiones ordinarias y ya avisó que si la oposición no acompaña su proyecto, prorrogará –por segunda vez consecutiva- el presupuesto vigente y, como hizo este año, manejar el gasto a su antojo. Una medida que, incluso, entusiasma a los libertarios con pocos pruritos institucionales.
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Insertos en un juego de presiones mutuas, el gobierno nacional y los mandatarios provinciales aliados tiran de la cuerda: habrá que ver quién cede primero. Los gobernadores necesitan que el Congreso sancione en tiempo y forma el presupuesto para garantizarse los recursos el año próximo y evitar que Milei les recorte partidas a discreción, como hizo este año. Por eso quieren forzar una negociación.
El Gobierno los ningunea y pone su mira en las elecciones del año próximo. Su estrategia es polarizar a todo o nada con Cristina Kirchner: quedó claro cuando, en una decisión tan efectista como polémica, le quitó la jubilación de privilegio. Cristina Kirchner protesta y celebra al mismo tiempo: que Milei la coloque del otro lado del ring no hace otra cosa que enaltecerla dentro de un peronismo sin liderazgos y opacar al gobernador Axel Kicillof y sus ambiciones electorales.