La medida se sustenta en un informe técnico-jurídico que documenta su accionar en los últimos 15 años y su impacto en la seguridad nacional.
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La inclusión de la RAM en este listado se realizó bajo la Ley de Ministerios N° 22.520 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que facultan al Ministerio de Seguridad a preservar el orden público.
Además, el Decreto N° 918/2012 regula la inscripción de organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
El informe señala que la RAM tiene vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y ha operado en provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut. Se le atribuyen ataques con armas, incendios intencionales, sabotajes a infraestructuras, usurpaciones de tierras y amenazas a la población.
Uno de sus principales referentes es Francisco Facundo Jones Huala, quien cuenta con antecedentes penales en Chile por delitos similares.
El documento oficial subraya que la RAM ha sido responsable de incendios forestales que provocaron daños ambientales y económicos significativos en la región.
Entre los hechos más recientes, se destaca el incendio en el Parque Nacional Los Alerces en enero de 2024, que consumió 1.000 hectáreas, y los ocho focos registrados en febrero de 2025 en El Maitén y El Pedregoso, coincidiendo con declaraciones de Jones Huala.
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Gobierno: los mapuches de RAM en categoría “terrorista” y responsables de los incendios en la Patagonia
El Gobierno sostiene que la organización ha afectado la producción, el comercio y el turismo en la Patagonia, generando temor en la población a través de bloqueos de rutas y ataques a propiedades privadas.
Con la inclusión en el RePET, la RAM queda formalmente registrada como una entidad vinculada a actividades terroristas, lo que permite al Estado aplicar sanciones económicas y judiciales contra sus miembros y colaboradores. Además, abre la puerta a eventuales acciones internacionales en cooperación con otros países.
Desde el Ejecutivo aseguran que esta decisión es parte de una política de “orden y seguridad” en el sur del país, mientras que organismos de derechos humanos advierten sobre el impacto que podría tener en comunidades indígenas que reclaman tierras en la Patagonia.
