El escándalo del criptogate sacudió al Gobierno de Javier Milei, que logró frenar una comisión investigadora en el Senado, pero no contener el daño en la opinión pública.
El escándalo de la criptomoneda $Libra sometió al Gobierno a la peor crisis en lo que va de su gestión.
El escándalo de la criptomoneda $Libra, que tiene al presidente Javier Milei como protagonista de una presunta estafa multimillonaria, sometió al Gobierno a la peor crisis en lo que va de su gestión. Si bien los libertarios lograron, en el Senado, contener el daño al evitar la creación de una comisión investigadora, no han podido revertir –al menos por ahora- el impacto altamente negativo que este episodio tuvo en la opinión pública.
Este no es un problema menor para un Gobierno que hace culto de su imagen y consume encuestas por doquier. Quienes en el oficialismo imaginaron que este episodio repercutiría únicamente en el microclima de la política se equivocaron. Todas las consultoras que midieron el ánimo de la opinión pública una vez que estalló el escándalo se sorprendieron al advertir la repercusión inusitada que este escándalo tuvo en las redes sociales, fenómeno que provocó que buena parte de la sociedad esté enterada del tema y sus derivaciones posteriores.
“Nueve de cada diez personas está al tanto del ‘criptogate’; permeó muy fuerte en la gente y se mantiene”, sintetizó Mariel Fornoni, directora de Management & Fit. La consultora realizó un sondeo el martes y miércoles pasados que abarcó 1500 casos y, entre sus principales conclusiones, sobresale una que es lapidaria: al 76% de los consultados le pareció inapropiado que el presidente Milei haya promovido una inversión financiera.
Frente a esta situación, el Gobierno intentó tapar el escándalo y frente a la amenaza de la creación de una comisión investigadora en el Senado –que amenazaba con mantener vivo el escándalo en la agenda pública e institucional- fatigó los teléfonos para disuadir a los gobernadores a que sus senadores neutralicen la embestida.
Finalmente lo logró. La imposibilidad de llegar a los dos tercios del cuerpo para conformar la comisión fue el resultado de gestiones desesperadas realizadas el día anterior, ante varios senadores, por parte de Eduardo “Lule” Menem, el asesor de la hermana presidencial. El giro de seis senadores radicales, entre ellos el jefe de bloque, Eduardo Vischi, fue determinante para que el oficialismo consiguiera bloquear la comisión investigadora. El caso del correntino fue por demás peculiar, porque había firmado el proyecto, incluso apoyó el tratamiento, pero luego lo votó en contra.
“Que explique él por qué presentó un proyecto y después lo votó en contra. Pero no seamos ingenuos. ¿Qué pasó hoy? El Gobierno ejerció una presión monumental”, dijo el senador Martín Lousteau, titular de la UCR nacional, indignado tras quedar –otra vez- desautorizado por los gobernadores de su partido.
Claro que el Gobierno tuvo que ceder. No fue gratis: a cambio el Gobierno postergó el tratamiento del pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte. El Gobierno tuvo que elegir: si convocaba a la sesión por Lijo para exponer a la oposición ponía en jaque el debate para suspender las elecciones primarias.
Finalmente, el Gobierno se llevó como trofeo la suspensión de las PASO; un logro que en otro contexto hubiese sido magnificado por el oficialismo pero que, en el marco de este escándalo, es apenas un alivio.
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