En el último bimestre del año, los trabajadores estatales perderán un 3,1% de poder adquisitivo frente a la inflación.
El arte de construir, interpretar y relacionar correctamente datos económicos y sociales es precisamente eso: un arte y una enorme responsabilidad; una de las modalidades que debería asumir la honestidad y profesionalidad periodística en tiempos en donde se hizo religión eso de que “no tengo datos, pero tampoco dudas”.
La pérdida salarial estimada en el título de la nota –casi la mitad del poder adquisitivo de noviembre 2023 a diciembre 2024– surge de cruzar el incremento acumulado por paritarias que firma el ultra oficialista UPCN y rechaza ATE y la estimación inflacionaria más respetada del mercado, la que elabora el Banco Central a través del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado). Si el número de la inflación fuese el del FMI, la pérdida sería aún mayor para el colectivo más agredido por el gobierno de Javier Milei.
Pero no hay medición alguna –ni pública ni privada, a menos que se trate de una operación de patas cortas– que permita decir que los salarios registrados e informales se recuperaron para cerrar el año por encima de la inflación. Las recuperaciones de julio a setiembre fueron insuficientes, los privados sumaron un 11% en promedio, los estatales un 5% y un 29% los informales; pero a dos meses del cierre del año siguen perdiendo en las magnitudes ya publicadas en la nota de la semana pasada.
El último informe de la consultora santafesina Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), mostraba algunas cifras actualizadas al mes de agosto. Es decir, faltando un cuatrimestre de pérdida salarial ya garantizada por malas paritarias. En el siguiente gráfico se observa una deriva de 9 meses, según la cual los salarios registrados del sector privado seguían 2 puntos abajo y los públicos 16 puntos.
Es cierto que, según éstos mismos cálculos de MATE, las jubilaciones mínimas con bono y todo perdieron mucho más (36 puntos acumulados en un año), pero a los trabajadores públicos les costó además 31 mil desempleados y la promesa de miles de despidos más para lo que resta del mandato libertario. Y la incertidumbre bajo agresión continua, porque son uno de los ejes centrales de la batalla por el sinsentido común dominante que el vocero Manuel Adorni ejecuta con los 105 empleados de la Secretaría de Medios (con 20 nombramientos en los últimos dos meses) y a un costo de $300 millones mensuales
Con salarios de $2 millones de pesos en promedio, ese batallón militante forma parte de la selecta minoría de estatales que le ganan a la inflación desde el primer sueldo, para regodearse con el sufrimiento del resto.
¿Por qué no se quejan ni se sublevan los millones de argentinos y argentinas que desde hace meses sólo pierden ingresos y derechos sociales y civiles? ¿Por qué nadie se horroriza cuando se anuncian despidos de a cientos, se reprimen jubilados y niños o no se reparten alimentos contra toda lógica y ley?
No sólo porque el sindicalismo está tan fragmentado y aturdido como la oposición político-partidaria, sino porque ese fenomenal aparato comunicacional los ha convencido previamente que todos los estatales son muchos, caros, vagos y kirchneristas. Por lo que no merecen contemplación ni misericordia. Si se quedan sin trabajo, “por eso o por algo será”, pero seguro lo merecen.
Desde hace algunos meses, un puñado de periodistas y economistas vienen reclamando lo que Marco Lavagna está por anunciar para 2025: cambiar una fórmula que valúa una canasta de consumos que ya tiene 20 años (2004), por otra basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/2018, con una base de 500.000 precios y 24.000 informantes.
La razón es sencilla, el país cambió y los bienes y servicios que componen la canasta mensual también y varió la ponderación de los servicios en el número final (el porcentaje del salario que insumen luz, agua, gas y transporte es muy superior actualmente).
Atendiendo éste desfasaje, decíamos en la nota anterior que la economista Lucía Ortega, calculando el peso actual de servicios y alquileres sobre la canasta total, elevaba la inflación del 2,7% del INDEC, al 5,4% que debería medir si intentase reflejar los costos vitales y reales. ¿Esto quiere decir que el IPC no está bien o que Lavagna y el INDEC mienten? No, sucede que mide con herramientas obsoletas, elabora un índice poco representativo y entonces a ustedes el salario no les alcanza, aunque la inflación baje, porque en realidad baja mucho menos.
Mentiras son las que salen en las tapas de los diarios, que aseguran que los salarios le ganarán a la inflación para cerrar un año “duro, pero de franca recuperación”. Esta semana, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, hacía un cálculo similar y reclamaba hacer esa corrección aplicada a noviembre, no de aquí en adelante como plantea Lavagna (h), porque de ese modo invisibiliza la inflación debida desde la devaluación de diciembre.
Como puede verse, la nueva ponderación de tarifas de servicios (que aumentaron un 35,6% en abril y 20,2% en febrero) y los costos del transporte que propone CEPA, arroja un acumulado del 8,5% por encima de la inflación que propala el gobierno y en base a la cual se negocian paritarias. Es decir que lo perdido se calcularía no en base al 102,3% sino al 110,8 de los últimos 11 meses. Por eso no te alcanza el dinero, aunque la inflación baje, porque tu canasta está mal ponderada, porque los precios siguen altos y porque los salarios están muy baratos.
Milei y Lavagna (más casta que ese apellido es difícil de conseguir) quieren aplicar este ajuste hacia adelante, para que los patrones, los empresarios (el Estado entre ellos) se apropien de esa diferencia que es en realidad una transferencia de recursos que MATE calculaba -para el período diciembre 2023-agosto 2024- en 17,3 billones de pesos, que pasaron del bolsillo de los trabajadores hacia el de los dueños del capital.
Hace casi dos meses, seis intendentes peronistas de la provincia de Santa Fe se reunían con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para denunciar de primera mano que el gobernador los discriminaba en el reparto de recursos y obras. Entre ellos estaba el alcalde de Reconquista, Enri Vallejos, a quien el gobierno que integra Francos le cerró la sede del INTI en la cabecera norteña y está a punto de hacer lo mismo con el INTA.
Es notable que ninguno de ellos aprovechase la oportunidad para pedirle que no desjerarquice sus localidades cerrando sedes de organismos nacionales que cumplen un servicio indudable para miles de santafesinos y cuya radicación costó décadas. Eso también sería reclamar un federalismo consistente y no declamado para ganar algún punto en campañas electorales.
Pero tal como se ha visto cuando muchos gobernadores blindaron el DNU 846 que habilita el canje de deuda en condiciones desfavorables, muchas autoridades subnacionales están dispuestas a canjear soberanía política y económica por rotondas, luminarias y cordones cuneta, que parecen ser la clave para ganar elecciones, aunque –por ejemplo– deban articular para hacerse cargo (económica y técnicamente) las barreras fitosanitarias de las que el SENASA abandonará como parte del achicamiento de las funciones estatales nacionales. Y hablando de salarios, el Estado nacional sólo cubrirá el 70% de las remuneraciones del personal técnico de SENASA que despliega en las provincias.
Sacrificar estatales y organismos públicos, es el precio que parecen estar dispuestos a pagar millones de argentinos y una oposición que empieza a ver que éste modelo no va a implosionar, que puede llegar competitivo al 2025 sin importar cuánto odie o rompa el presidente, y que no tiene otro proyecto que no sea salvar un puñado de posiciones personales.
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