En los fundamentos, Arena recuerda que todos los miércoles se realizan protestas motivadas “porque los jubilados y jubiladas requieren –y reclaman– mejorar sus ingresos que, actualmente, promedian los $350.000 –con la suma de la remuneración y el bono– en un contexto inflacionario que ha elevado la canasta básica de jubilados a $1.200.000”.
En este contexto, la legisladora asevera que “como es de público conocimiento, los brutales hechos acaecidos en las inmediaciones del Congreso de la Nación son de una gravedad inusitada y merecen absoluto repudio de todas las fuerzas políticas” y afirma que “el operativo montado por la Ministra de Seguridad, resulta a todas luces reprochable dado el nivel de violencia, brutalidad y desproporción con el que se llevó a cabo”.
LEER MÁS ► Jubilados y fotógrafos de Santa Fe repudiaron la represión policial en el Congreso
“Estas atroces prácticas se dan en los bordes del espectro político democrático y pretenden silenciar el disenso. No podemos naturalizar procedimientos como el que se vivió en el marco de esta jornada de reclamo. El odio y la violencia contra aquellos que piensan distinto sobrepasó todos los límites y la ministra a cargo de la cartera de seguridad es la responsable directa de lo ocurrido”, añade.
jubilados congreso.jpg
Las diputadas y diputados provinciales peronistas calificaron de "brutal y desproporcionado" el operativo de seguridad que se montó por la marcha que realizaron los jubilados el miércoles pasado.
Además, la diputada destaca que “no podemos dejar de mencionar que, en la mañana del 13 de marzo del corriente, la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15, ordenó la inmediata liberación de 94 de los 124 detenidos durante la marcha” dado que “las detenciones afectaban derechos constitucionales fundamentales, como la protesta y la libertad de expresión” y que “si bien los detenidos habían sido imputados por diversos delitos menores las detenciones acarreaban irregularidades que hacían dificultosa su tarea judicial”, teniendo en cuenta que “no se le brindaban detalles sobre la hora y el lugar de las detenciones, ni se informaba con relación a qué delitos específicos se convalidaban las detenciones”.
LEER MÁS ► Victoria Villarruel se diferenció de Patricia Bullrich y se solidarizó con "todos los heridos" de la violencia en el Congreso
Finalmente, Arena señala que en otro proyecto presentado el 28 de octubre de 2024 ya advirtió que “la comunicación política del presidente constituye una incitación directa al odio y a la violencia, totalmente incompatibles con una sociedad que aspira a convivir en democracia y respetar el pluralismo de ideas”.
En ese sentido, concluye: “Reiteramos el llamado a la reflexión y a la defensa de los valores democráticos, exigiendo la erradicación de este tipo de violencias las que pretenden tapar los graves problemas que atraviesa nuestra sociedad, los que cada vez son más evidentes”.
