La medida forma parte del plan de reestructuración del Estado y busca trasladar la gestión habitacional a provincias y municipios.
El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, argumentando que la política habitacional debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención del Estado.
La decisión se formalizó a través del Decreto 70/2025 y se enmarca en la reestructuración de distintas áreas gubernamentales.
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Según el comunicado oficial, la mayoría de las funciones de la Secretaría se realizaban a través de tres fondos fiduciarios que ahora están disueltos o en proceso de liquidación, debido a irregularidades detectadas en su administración.
Entre los fondos eliminados se encuentra el PROCREAR, cuya auditoría reveló demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad.
También se disolvió el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que había sido utilizado con fines políticos y presentaba incumplimientos administrativos. Además, el Gobierno avanza en la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Como parte de la reestructuración, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura fueron transferidas a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. El cierre de la Secretaría de Vivienda se realizará de manera progresiva a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Desde la Casa Rosada justificaron la medida asegurando que el objetivo es cambiar el "modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", en referencia a anteriores programas estatales de vivienda.