El empresario de Santa Fe, Nahuel Caputto, estuvo a punto de alquilar un edificio a los mismos fiscales que lo investigan por posibles delitos federales.
El empresario santafesino Nahuel Caputto estuvo a punto de alquilarles un edificio a los mismos fiscales que lo investigan por posibles delitos federales.
La mudanza de los fiscales federales de Santa Fe a un edificio de Carlos Nahuel Caputto, empresario santafesino investigado en el caso Carlos Vaudagna -exjefe de la Afip que declaró como arrepentido-, parecía ser inminente hasta hace algunas semanas.
Sin embargo, distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que el proceso de alquiler de este inmueble, ubicado en Belgrano 2725 de Santa Fe, se encuentra "frenado" a raíz de las sospechas que pesan sobre Caputto.
"Frenado" fue el término elegido para describir la situación actual de este posible alquiler. La posibilidad de trabajar en un edificio que pertenece a la misma persona que investigan, venía generando lógicas incomodidades en las Fiscalías que funcionan en Santa Fe.
El alquiler de este o de cualquier otro edificio para que trabajen los fiscales federales y sus equipos no es algo que se resuelva en esta ciudad, sino que estos procesos dependen directamente de la Procuración General de la Nación.
El 7 de abril pasado, AIRE reveló esta situación a través de un informe titulado: "Nahuel Caputto, a punto de alquilar su edificio a los mismos fiscales federales que lo investigan".
Las mismas fuentes aseguraron que la Procuración General ya había sido notificada de la situación procesal del propietario del edificio de calle Belgrano.
Actualmente, los tres fiscales federales con asiento en esta capital -el fiscal de Juicio, Martín Suárez Faisal; y los fiscales Gustavo Onel y Walter Rodríguez- trabajan en sedes diferentes: en el Tribunal Oral Federal, en un inmueble sobre calle Monseñor Zaspe y en otro ubicado en calle San Jerónimo.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación lanzó el año pasado la licitación 31/2024, con el objetivo de alquilar un inmueble donde pudieran trabajar estos tres fiscales federales de Santa Fe y alrededor de 60 personas que integran el cuerpo de empleados.
Aquella licitación se declaró desierta el 14 de octubre del año pasado, por lo que el Ministerio Público Fiscal inició un mecanismo de contratación directa que desembocó en el edificio donde funcionaba el diario El Litoral, frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe.
Ese día, en el Boletín Oficial de la Nación se publicó la siguiente información: la Procuración General de la Nación declara desierta la licitación pública 31/2024 y ordena "Instruir a la Dirección de Logística y Gestión Edilicia el inicio de búsqueda de un inmueble en la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, para ser destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conforme lo estipulado en el Art. 13 del Reglamento para Locación de Inmuebles, aprobado por la Resolución ADM 173/2006, teniendo en consideración que aún persiste dicha necesidad".
Mientras esto sucedía, la Justicia federal avanzaba en investigaciones que, entre otros, tenían en la mira a Carlos Vaudagna, exjefe de Afip Rosario y Santa Fe, a quien se le secuestraron teléfonos celulares que provocaron un verdadero tembladeral a partir de chats de Whatsapp, en los que aparecieron funcionarios judiciales, empresarios, sindicalistas; todos posibles copartícipes de delitos federales que ahora se investigan.
Entre ellos, Nahuel Caputto, quien ya había sido investigado por la Justicia federal entre 2018 y 2020, cuando se detectó que a través de una empresa que figura a su nombre y el de su esposa, Patricia Romanow, se había comprado a sí mismo una isla con el objetivo de generar supuestos gastos y, así, pagar menos Impuesto a las Ganancias.
A partir de los chats encontrados, se sospecha que fue el mismo Vaudagna quien le recomendó esta maniobra a Caputto: "Ya le encontré la vuelta", afirma el exAfip en las conversaciones relacionadas con la empresa Deusto SA y con las islas en cuestión.
Si bien el caso de la compra de las islas está cerrado -porque Caputto pagó alrededor de 10 millones de pesos que en ese momento eran aproximadamente 240.000 dólares-, la Justicia federal lo investiga ahora por otros posibles delitos.
A Vaudagna se le imputa haber asesorado a Caputto sobre cuestiones fiscales y contables -cuando esa actividad le estaba vedada en virtud a su cargo en la Afip- y haber compartido información reservada sobre otros contribuyentes.
Los chats también revelan que el exAfip frenó inspecciones en la firma Consultora Arcadia, de Nahuel Caputto. En aquel momento las oficinas funcionaban en calle Rivadavia, pero se trasladaron recientemente al mismo nuevo edificio del diario El Litoral.
Además de Caputto y de su esposa, Patricia Romanow, otros ocho santafesinos son investigados por cinco posibles hechos delictivos cometidos en la ciudad de Santa Fe: el sindicalista Carlos Felice -a quién Caputto siempre consideró como "el benefactor número 1"-; la contadora María Virginia Copello; Diego Raúl Signetti, agente de la exAfip; César Jorge Bsereni, titular del fideicomiso La Plaza; Marcelo Germán Bulacio, agente de la exAfip; Ricardo Mallozzi, empresario de la construcción; Pedro Gómez, abogado y Néstor Javier Bermúdez, agente de la exAfip.
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