Tras 12 horas de debate que, en rigor, estuvieron precedidos de seis meses de ingentes negociaciones, el presidente Javier Milei logró por fin la ansiada sanción de las dos primeras leyes de su gestión: la Ley Bases y el paquete fiscal.
Un triunfo parlamentario que, paradójicamente, le arrebata al presidente el insumo más predilecto de su retórica para justificar, en las demoras del Congreso, sus déficits en la gestión.
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En efecto, con esta sanción, que le otorgará al gobierno nacional una herramienta clave para llevar a cabo sus políticas, Milei dejará de tener a mano el pretexto de que la casta le impide gobernar.
A partir de ahora, no solo deberá demostrar una gestión más activa, que se traduzca en un ajuste que afecte mucho más a la política y a la propia estructura del Estado que a la ciudadanía, sino que además será blanco de mayores demandas.
Especialmente, por parte de algunos gobernadores provinciales y de los legisladores dialoguistas, que esperan cobrar por los servicios prestados al Gobierno a cambio de sus votos en el Congreso.
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Después de seis meses de debate, el Congreso aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal.
Mientras el presidente fantasea con un relanzamiento de su gestión con la llegada al gabinete de Federico Sturzenegger y su nueva Ley Hojarascas –un peyorativo para aludir a la maraña de regulaciones que impregnan la maquinaria estatal y que esta norma pretende eliminar–, los gobernadores y sus terminales en el Congreso tienen otras necesidades más perentorias.
Son las que tienen que ver con las vicisitudes de la economía real: el retardo en la reactivación de la obra pública en las provincias; el corte abrupto en los subsidios al transporte público en el interior del país; el desfinanciamiento de las universidades públicas; la demora por parte de la Nación de la transferencia de los giros para las Cajas de Jubilaciones provinciales y las deudas de la Nación por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
“De no haber una reacción del Gobierno para resolver estas temáticas, vamos a tomar el toro por las astas en el Congreso”, advierten los dialoguistas, que creen haber cumplido sobradamente su parte al aprobar las dos leyes que requería Milei y ahora reclaman una devolución de favores.
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Por de pronto, la semana próxima se convocó a una sesión especial para debatir el restablecimiento del Fonid; en paralelo, el Senado se pertrecha para aprobar la media sanción de Diputados sobre movilidad jubilatoria, proyecto que propone recomponer los haberes por la pérdida en el poder adquisitivo que les infligió la inflación de marzo.
Todas iniciativas que, al decir de Milei, acreditan que los legisladores opositores son unos “degenerados fiscales” por atentar contra el equilibrio fiscal.
Los fantasmas acechan desde el Congreso, que amenaza con retomar una agenda ajena a la del Gobierno. La discusión del presupuesto 2025, que arrancará en dos meses, será una batalla encarnizada y un test complejo para el Gobierno. La asignación de recursos y el cálculo de gastos siempre son un motivo de debate arduo, más cuando se trata de la discusión de prioridades para un año electoral.
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Estas discusiones discurrirán en medio de un escenario económico todavía volátil, que arrojó la semana pasada una caída en junio del 2,8% en el Índice de Confianza del Consumidor que mide mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella; la suba del riesgo país a 1445 puntos y la caída de la actividad económica en mayo respecto de abril, que echó por tierra con la hipótesis de que para esta época se pondría fin al ciclo recesivo.
En medio de las turbulencias, Milei parece no amilanarse. Con la baja de la inflación como principal bandera, ostenta todavía la imagen pública más alta en la dirigencia política, pese al feroz ajuste que aplica sobre el gasto público y en los bolsillos de la clase media. Ese ha sido, y no la sanción de la Ley Bases, el mayor logro obtenido en lo que va de su gestión.
