En nuestro país ese Convenio fue ratificado por ley 27.850 en diciembre de 2020, mientras la pandemia del Covid-19 absorbía toda la agenda noticieril y parlamentaria; pese a que el acoso y la violencia laboral también configuran una pandemia con impacto psicológico devastador y muchísimo más antiguo que la conformación de la mismísima OIT.
Respaldemos esto con un dato subregistrado (es decir “reprimido” o no denunciado en altos porcentajes): según la última encuesta de la OIT, fechada en 2021 por la Lloyd's Register Fundation y Gallup Consultores, el 23% de las y los empleados del mundo (743 millones de personas) han padecido el acoso laboral, sexual o ambos.
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Y tres de cada cinco víctimas, más de cinco veces a lo largo de su vida laboral. Solo la mitad de los 75 mil encuestados lo denunciaron ante su empresa o en sedes policiales o judiciales. Para nosotros califica como pandemia, naturalizada, invisible, individual y colectivamente denigrante.
Si bien es un problema altamente feminizado, pues afecta a mujeres en un 72% de los casos mundialmente relevados, afecta también a varones y a trabajadores LGBTIQ+.
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El gobierno libertario considera que el cambio climático y sus consecuencias en el mundo laboral, las psicopatologías asociadas al estrés o el acoso y las perspectivas de género son construcciones ideológicas socialistas.
Por casa los relevamientos han entrado en desgracia, el gobierno libertario considera que el cambio climático y sus consecuencias en el mundo laboral, las psicopatologías asociadas al estrés o el acoso y las perspectivas de género son construcciones ideológicas socialistas, sin importar ningún dato o peor: con datos absurdamente manipulados para minimizarlos.
Lema de época en tiempos en los que el Estado se retira de todo lo que no le conviene al mercado: “Yo soy el que más sabe de cualquier asunto, porque cualquier asunto es lo que a mí se me ocurre que sea”, con o sin encuestas, con estadísticas parciales o inventadas.
Un tema en agenda
Sin embargo, en estos días se conocieron cuatro noticias que pusieron el tema sobre la mesa:
- El dictamen de comisión para el proyecto de modificación del artículo 6 de la Ley 26.485.
- El dato de la Encuesta de Indicadores Laborales 2024 que marca que apenas un cuarto de las empresas privadas del país tiene algún dispositivo para prevenir o erradicar la violencia y el acoso laboral.
- La confirmación de la condena para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y su presidente, Alfredo González, por someter a trabajo no registrado y acoso sexual a una ex empleada de esa institución.
- Y la más resonante de todas: el gobierno de Milei quedó en absoluta soledad en la ONU, siendo el único país que votó en contra de proteger los derechos indígenas y de la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.
Alineado con nadie, convencido de que esa singularidad racista, machista y fundamentalista que no contagian, lo destaca como líder mundial del mundo libre. Libre de empatía, igualdad y justicia social.
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La diputada de UP Mónica Macha es autora del proyecto que obtuvo dictamen contra el acoso sexual en el trabajo. Ningún libertario acompañó el dictamen ni lo votará en la Cámara Baja.
Hagamos una salvedad en la que la excepcionalidad libertaria no inventa nada, pero tampoco está sola, que marca un retroceso de la mejor versión del estado capitalista conocida hasta finales del Siglo XX. Siempre con datos de origen consistente, verificables y que también se conocieron esta última semana: solamente el 33,8% de las personas en edad de trabajar en el mundo, está cubierta por algún sistema de seguridad social, es decir coberturas alimentarias, de salud, jubilaciones o pensiones y cobertura por accidentes laborales.
Es la OIT la que ofrece el dato refinado: en el caso de las mujeres, el 71,8% están fuera de toda cobertura destinada a paliar las desigualdades de origen (por raza, género y condición socioeconómica).
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Son 2.000 millones a nivel mundial, que padecen –al decir de la citada organización internacional– “una situación de desventaja económica, que compromete su salud y bienestar, como también el de sus hijos, perpetuando la pobreza a través de varias generaciones”.
El Estado otrora de bienestar (que maquilla por vocación o culpa las desigualdades que producen las lógicas estructurales del capitalismo) se retira a escala planetaria, no solo en Argentina, aunque los niveles de crueldad planificada del país campeón del mundo son un experimento inédito en formato democrático y en un país de escala media, que hasta hace pocos meses ostentaba los niveles de inclusión más altos de Sudamérica.
Datos de lo publicado, memorias de lo poco, registros de la nada
Durante cinco años y en línea con la Recomendación 206, los países que adhirieron a estos protocolos deberían haber concretado acciones para operacionalizar, concretar en la realidad los objetivos compartidos con la OIT.
Un puñado por orden de aparición bien podría ser: charlas y talleres de sensibilización y encuadres legales y conceptuales, capacitaciones obligatorias para los sectores laborales públicos y privados, confección paritaria de manuales y protocolos (no son la misma cosa) para prevenir, sancionar y erradicar acoso y violencia laboral, que incluyan un “baremo” de penalidades y reparaciones y por qué no un órgano también paritario y “experto” para la consideración y resolución de denuncias.
Este año, los estados nacionales y subnacionales que adhirieron por ley, debían presentar memorias con estos avances, que serán considerados por la OIT en 2025. Esas memorias, inexplicablemente, no son públicas, las compila la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo (ex Ministerio de un probable ex país) y los resultados solo son conocidos por esa área, las cámaras de empleadores, las centrales de trabajadores y por supuesto la Comisión de Expertos que las evalúan.
Esas memorias se presentaron en junio pasado, tras lo cual el gobierno argentino solicitó dejar en suspenso la presentación para actualizarla, reemplazándola por un segundo informe.
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El tablero que quedará en la historia negra de la diplomacia argentina, único país en votar en contra de una Resolución para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas / Fuente: ONU.
¿Qué informe presentaría un país que acaba de avalar que a la violencia de género no se la combate, se la niega contra todo dato? ¿Cuál dato? Pues que hasta septiembre hubo 225 muertes por violencia de género (1 cada 24 horas), el 60% de los cuales se produjeron en los hogares de las víctimas, el 54% a manos de sus ex parejas, con 225 niños y niñas hoy sin madres, con 25 asesinatos registrados en Santa Fe.
Los datos fueron colectados por Observatorio de Femicidios “Adriana Zambrano” y se agradecen a cambio de estadísticas oficiales inexistentes, porque con la disolución del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, este monitoreo se discontinuó en 2023, última publicación oficial.
Tampoco las organizaciones empresariales santafesinas lo relevan. Sabemos cuántas empresas tenemos, cuántos puestos laborales vigentes o caídos, cuánto exportan o venden al mercado interno, pero no hay datos acerca de cuáles ni cuántos dispositivos o acciones implementan para evitar y sancionar el acoso laboral o sexual.
Pero, un numeroso y atribulado grupo de argentinos y argentinas, de santafesinos y santafesinas, despliegan banderas y pancartas porque a esta nota (y a los registros nacionales) le falta un dato. El más subregistrado por homofobia, transfobia y otras fobias que la insensibilidad libertaria exhibe sin pudor en estos días: parece que hubo tres lesbicidios y tres trans travesticidios de enero a setiembre 2024 ¿Quién tiene mejores datos?
Lo cierto es que, a nivel nacional y a despecho de memorias secretas o inconseguibles, lo que queda es la percepción subjetiva proyectada de quien escribe y es la siguiente: en nuestro país y en los últimos cinco años se hizo muy poco.
Se hizo lo que se suele hacer cuando “no da” esquivar algún tema (consumos problemáticos en el trabajo por ejemplo) pero tampoco resolverlo: mucha sensibilización y rondas esclarecedoras, mucho manual y protocolos plagados de desideratas, organismos públicos específicos y de acompañamiento hoy disueltos casi a todo nivel, reunionismo paritario sin consecuencias significativas en la vida real de las millones de compañeras que sufren la tortura medieval del acoso y los abusos con fines sexuales, a diario.
Tal vez el punto más alto y valiente fue la incorporación de estas herramientas al Convenio Colectivo 214/06, por parte de la Asociación Trabajadores del Estado.
Estos son los datos y la memoria extraoficial de esta nota. La memoria oficial –repleta de “dibujos” e infografías– algún día será publicada.
