Vaudagna admitió en una declaración en calidad de “arrepentido” haber cometido unos 30 delitos bajo los encuadramientos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, prevaricato, falsedad ideológica, cohecho, tráfico de influencias extorsión, asociación ilícita y lavado de activos.
Vaudagna junto a gente allegada apretaban con ARCA a contribuyentes a los que pretendían, después de una negociación, sacarles dinero. Para ello usaban los datos de contribuyentes de ARCA que enfrentaban deudas o investigaciones. Con esa información privilegiada iban y apretaban a empresarios, como ocurrió en 2019 con la empresa Corven, que se dedica a la fabricación de motos y autopartes, cuya planta está en Venado Tuerto.
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Para manejar la plata negra, fruto de las extorsiones y sobornos que cobraba, Vaudagna creó una ingeniería financiera a través de la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda, que está ubicada en Monseñor Zaspe 2931, de la capital provincial. En su declaración, Vaudagna admitió que adquirió esta entidad cuando era jefe de la exAFIP.
La mutual cambió de autoridades a partir de 2018, después de que Vaudagna la compró y pasó a estar presidida por un hombre de extrema confianza, como Rubén Oggioni, quien aparece en otro tramo de su testimonio. En la pericia del teléfono secuestrado al extitular de la AFIP en 2021 aparecen varios chats en los que habla de la actividad de esta mutual. En uno de esos mensajes, le piden a uno de los imputados "un CUIT para facturar", y el funcionario le pasa el de esta mutual, que fue allanada en octubre pasado, como así también otra entidad de las mismas características que se llama Independencia, y que está ligada a Vaudagna a través de otros testaferros.
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Carlos Vaudagna admitió haber cometido delitos graves e involucró, entre otros, al juez federal Marcelo Bailaque.
Vaudagna reconoció que con Rubén Oggioni, titular de la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda, apretaron a directivos de la empresa Corven, cuya planta está ubicada en Venado Tuerto. Esto forma parte del expediente FRO 16727/2023, en el que el extitular de la exAFIP admitió que tuvo un “accionar extorsivo” junto a Oggioni sobre representantes de Corven. En la causa existen, además, conversaciones, en la que el presidente de la Mutual le informaba a Vaudagna que iba a reunirse con gente de la empresa. El jefe de ARCA le preguntó si “había novedades” y le dijo que tenía “todo frenado”. Vaudagna advirtió a su supuesto testaferro en la mutual que era “un buen momento” para “iniciar tratativas”. Es decir, el objetivo era conseguir un soborno, algo que nunca se concretó.
El 7 de agosto de 2018, Oggioní le pidió instrucciones a Vaudagna. Le propuso: “Si te parece tírame una idea de lo de Venado o lo dejamos pasar y que salga lo que salga". Como la empresa no pagó el soborno, Vaudagna prometió darles “una lección”. Era el jefe de la exAFIP.
El 18 de setiembre Oggioni le preguntó a Vaudagna cómo estaba manejando el tema de Venado Tuerto, y el jefe de la exAFIP le respondió que los empleados de esa delegación de ARCA “me responden a muerte”.
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Vaudagna usaba las distintas delegaciones de la exAFIP como si fueran parte de su propio negocio corrupto, basado en extorsiones a empresarios a los que apretaba con información privilegiada y reservada que figuraba en el organismo recaudador. Luego, el dinero que cobraba era inyectado en las dos mutuales que tenía.
Las fuentes judiciales advirtieron que la información que dio Vaudagna es clave para el avance de la causa y que por el detalle de los hechos que brindó su testimonio parece verosímil. En realidad, la mayoría de las afirmaciones que hizo el exfuncionario como arrepentido ya fueron investigadas por los fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista, y por las Procuradurías de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de lavado de activos (PROCELAC) y de investigaciones administrativas (PIA).
El extitular de la exAFIP se presentó con su abogado Néstor Oroño a mediados de enero para “colaborar” en la causa, a cambio de un acuerdo. Luego, uno de los abogados que formaban parte de su defensa, como Paul Krupnik, renunció a la representación de Vaudagna. A partir de ese momento, el exfuncionario mantuvo varias reuniones con los fiscales que investigan esta trama. Esos encuentros se extendieron casi por un mes. Se gestó un acuerdo en el que a cambio de la información que Vaudagna reveló su condena tendrá una pena máxima de seis años –excarcelable- por los delitos que admitió haber cometido. Si luego se comprueba que la información era buena la pena podría bajar a 3 años.
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Carlos Nahuel Caputto y Carlos Felice, dos de los nombres santafesinos que aparecen en los chats del extitular de la Afip arrepentido, que investiga la Justicia federal.
El acuerdo en el que Vaudagna admitió haber cometido delitos y también haberse enriquecido de manera irregular se terminó de homologar este miércoles a la mañana en Rosario, en una audiencia que presidió el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Será condenado a un máximo de seis años de prisión y al pago de una multa y decomiso de varias propiedades, entre ellas, las de un country en Santa Fe.
En su declaración como arrepentido, Vaudagna admitió haber intervenido con el juez federal Marcelo Bailaque en la “extorsión” a los financistas de Rosario Jorge Luís Oneto y a Claudio Iglesias. Vaudagna abrió una investigación interna en ARCA contra estos dos empresarios y luego se presentó una denuncia anónima en el juzgado federal N°4, a cargo de Bailaque. Todo era, aparentemente falso, y el único objetivo que tenía era “extorsionar” a los empresarios rosarinos.
Esto fue comprobado en la investigación que llevaron adelante los fiscales federales de Rosario. Se detectó que la causa se abrió con un único elemento, una denuncia anónima, y el juez ordenó allanamientos y secuestro de documentación a Iglesias. Luego, inesperadamente se cerró sin motivo. Vaudagna señaló que antes de que la causa se cerrara le pidieron a Oneto y a Iglesias una suma de dinero. El objetivo de perjudicar a los financistas tenía que ver con una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo en el directorio.
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Bailaque está complicado en otras causas que están ligadas a complicidades con el narcotráfico. Está siendo investigado por tener el mismo contador (Gabriel Mizzau) que el capo narco Esteban Alvarado, a quien él investigaba por lavado de dinero. También en el Consejo de la Magistratura se investiga si el magistrado favoreció a este narcotraficante, preso en el penal de Ezeiza, al tardar tres años en autorizar la intervención de los teléfonos, como había pedido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
También está bajo la lupa de beneficiar a empresarios “amigos” como Fernando y Guillermo Whpei, al darles la administración de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que eran más de 10.000 millones de pesos. Estos empresarios pretendían quedarse con la cooperativa que había sido intervenida en la época en que la conducía Herme Juárez, alias Vino Caliente.
