Un agente de la Policía de Santa Fe está acusado en una causa por apremios ilegales en 2016. En la audiencia preliminar decidió ir a un juicio abreviado.
La audiencia preliminar de juicio se realizó este lunes en los tribunales de Santa Fe
Una causa por apremios ilegales ocurridos en la comisaría 26, hace casi diez años, quedó a las puertas del juicio oral, aunque el policía acusado decidió resolver el proceso a través de un acuerdo de procedimiento abreviado. Al agente policial se lo acusa de haber detenido, trasladado y golpeado a un hombre en abril de 2016. La víctima perdió dos dientes consecuencia de los golpes recibidos.
La situación se ventiló en el marco de la audiencia preliminar de juicio, realizada este lunes en la sala 2 de tribunales, presidida por la jueza Celeste Minniti. La acusación fue sostenida por el fiscal de Violencia Institucional Ezequiel Hernández, y la abogada querellante Celeste Roa Hertelendy en representación de la víctima del hecho, L.E.S.
El acusado, identificado como Martín Grosso, fue asistido por los abogados defensores Bruno Brotzman y Enrique Muller, y al momento de resolver la apertura a juicio, se dispuso un cuarto intermedio porque Grosso decidió resolver el proceso a través de un juicio abreviado.
El de abril de 2016, en horas de la medianoche, L.E.S. se encontraba con dos amigos en inmediaciones de un boliche ubicado en Gorriti y Facundo Zuviría. En la zona, el policía Grosso junto a otros dos agentes, una de ellos María Josefina Bettique, ya condenada a través de un juicio abreviado, realizaba un operativo de control.
Uno de los amigos de L.E.S. se encontraba con un teléfono celular filmando la puerta del boliche. Esto molestó a los agentes, que se acercaron al grupo y les recriminaron que estuvieran filmando el operativo.
L.E.S. fue esposado y trasladado a la Comisaría 26, donde le propinaron golpes en el rostro y en el cráneo, en ambos brazos y le causaron la pérdida de dos dientes. Al finalizar la golpiza le manifestaron a la víctima: “No se te vaya a ocurrir ni meter abogados, porque la vas a pasar más mal que ahora, y no te quiero volver a ver en la jurisdicción nuestra”, precisa la acusación compartida por la Fiscalía y la querella.
La denuncia fue radicada al día siguiente del hecho, el 24 de abril de 2016, mientras L.E.S. estaba internado en el hospital Cullen. El hermano de la víctima se presentó en la Unidad Especial de Asuntos Internos y refirió que su hermano se encontraba internado en el Hospital ya que, en horas de la noche y mientras circulaba en su automóvil frente al boliche bailable B-Vip, fue interceptado por personal policial, aparentemente por coincidir sus rasgos físicos con otra persona denominada “Chimi”.
L.E.S. declaró y dio su versión de los hechos; detalló que, una vez dentro de la Comisaría, comenzó a recibir patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo por parte de funcionarios policiales mientras tenía las esposas colocadas. Los golpes que recibió hicieron que caiga al piso, donde continuaron las agresiones. Luego, fue ingresado a una habitación de la dependencia policial, donde lo sentaron sobre una silla y le propinaron una gran cantidad de golpes de puño en la cabeza y el rostro. Tal fue la violencia de la agresión que le provocó la pérdida de dos piezas dentales.
L.E.S. sostuvo que, mientras lo golpeaban, los funcionarios policiales le atribuían el apodo “Cucho” y que se dedicaba a la venta de estupefacientes, exigiéndole que dijera dónde guardaba el dinero y quién le proveía el material para la comercialización.
Finalmente, la víctima sostuvo que fue amenazado por los policías para que firmara documentos sin poder leer su contenido, bajo la amenaza de no recuperar su libertad. Le decían: “Firmá, porque sino vas a volver a recibir la paliza y te vas a ir mañana. Además, ya hablamos con la fiscal, que es mujer, y ella misma iba a venir a pegarte…”.
L.E.S. fue revisado por una médica policial cerca de las 14 del 24 de abril, que constató las lesiones que presentaba en el rostro, y por un médico del hospital Cullen, donde se dirigió una vez que recuperó la libertad; en el hospital le diagnosticaron traumatismo encéfalo-craneal y traumatismo facial, y le realizaron una tomografía.
“La evidencia hasta aquí recabada es suficiente para acreditar la agresión sufrida por L.E. S.: ingresó sano a la dependencia policial y salió lastimado y sin dos dientes”, sostuvo el fiscal Hernandez al formular la acusación.
Los policías Grosso y Bettique realizaron un acta de procedimiento para justificar el traslado de L.E.S. a la dependencia; según esta acta, realizada con información falsa, los policías habían requerido a L.E.S y sus amigos que no filmaran el operativo, y éstos les respondieron que estaban en democracia y que le enviarían el video a Luis Mino.
En el acta de procedimiento sostuvieron que L.E.S. fue trasladado a la comisaría para resguardo y sin ser esposado; en cambio, tanto la víctima como los dos amigos que lo acompañaban, y que resultaron testigos de lo ocurrido, afirmaron que les dijeron que lo trasladaban por “averiguación de antecedentes” y que lo llevaron esposado.
La policía Josefina Bettique fue condenada en julio de 2021 a través de un juicio de procedimiento abreviado, y la sentencia fue emitida por el hoy exjuez Jorge Patrizi; en esa audiencia, Bettique reconoció los hechos investigados.
Martín Darío Grosso fue acusado como coautor de privación ilegal de la libertad por abuso funcional, severidades agravadas por causar lesiones graves y por haber proferido amenazas y falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser realizada por funcionario público con abuso de sus funciones, en concurso real, y adelantaron un pedido de pena de cuatro años de prisión.
Una vez finalizada la etapa de acusación y presentación de la prueba del bloque acusador y de la defensa, la jueza Minniti comenzó a resolver las incidencias, planteadas en torno a la pertinencia de algunos testigos. Entonces la jueza se dirigió a Grosso y le consultó si estaba seguro que quería seguir camino al juicio oral, o si deseaba resolver el proceso a través de un juicio de procedimiento abreviado.
Grosso solicitó unos minutos para poder conferenciar con sus abogados; finalmente, el policía acusado decidió evitar el juicio oral y público, y resolver el proceso a través de un juicio abreviado.
La jueza dispuso entonces un nuevo cuarto intermedio para que las partes puedan presentar el acuerdo de juicio de procedimiento abreviado, cuya admisión deberá ser discutida en otra audiencia.
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