El fiscal general interino, coordinador del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo, junto con el titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, fiscal federal Federico Reynares Solari y las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, habían reclamado la prisión preventiva de los involucrados.
Se trata del caso en el que se investiga un allanamiento ilegal concretado el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde a los policías provinciales los acusan de haber robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
Siete miembros de la PAT ya estaban imputados como coautores de privación coactiva de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, comercio de estupefacientes y asociación ilícita, pero en la última semana, la fiscalía profundizó y amplió el objeto de la investigación y, en el marco de esa pesquisa, se formalizaron dos trámites relevantes.
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La causa tramita en la Justicia federal de Rosario
La situación del jefe policial
Por un lado, el viernes pasado, se realizó la audiencia de formalización de la investigación en la que el Ministerio Público Fiscal sumó como octavo imputado a Miguel Alberto Aguilar, quien al momento de los hechos se desempeñaba como “superior de servicio” de la Compañía “Alfa” de la PAT.
El juez Vera Barros le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva como medida de coerción y le aplicó una medida cautelar patrimonial consistente en la inhibición general sobre sus bienes. Además, autorizó la incautación de los datos que contengan los dispositivos electrónicos secuestrados en su domicilio.
El MPF lo imputó como coautor de los delitos de omisión de evitar torturas y por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita.
Según reseñó la fiscalía, Aguilar “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor del material estupefaciente incautado en inmediaciones de la calle Jean Jaures al 5500 de Rosario, donde se realizó un procedimiento policial por personal a su cargo, y se secuestró un ladrillo de cocaína”.
Al graficar la gravedad de esa situación, la fiscal Sosa caracterizó al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.
La hipótesis expuesta por los fiscales es que el personal a cargo de Aguilar obtuvo información a través de violencia física “bajo amenazas, golpes y utilización de una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos”, a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga.
Una vez obtenidos los datos, ese mismo día alrededor de las 16.30, realizaron el allanamiento ilegal en un domicilio de Forest al 5600. Según la imputación, allí los suboficiales Jesús Ángel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo se trasladaron en los patrulleros N°10065 y N°10533 sin orden judicial ni motivos que lo justifiquen.
Intervención imprescindible
Durante la audiencia, los fiscales detallaron que la intervención del imputado como “superior de servicio” ese 13 de agosto, “en términos de control y supervisión del personal a su cargo fue imprescindible para que los hechos se llevaran a cabo con relativo éxito”.
Mas allá de lo asentado en el acta del procedimiento en Jean Jaures al 5500 -donde su presencia no quedó registrada-, los fiscales revelaron que el jefe policial estuvo en el lugar.
“¿Por qué decimos que participó? Porque su móvil reportó localización en el lugar. Es el N°10434 y llega a las 15.01. No aparece en el acta, pero está en el lugar. Después llega el móvil 10065 con los policías Ferreira, Schneider y Balais, a las 15.04; luego el móvil 10533, también a las 15.04. Los tres llegaron prácticamente juntos”, afirmó la fiscal coadyuvante Sosa en la audiencia.
Según la fiscalía, Aguilar participó del procedimiento en que el fueron apresados Y. y L., a quienes el grupo de policías a su cargo -integrado al menos por Balais, Toledo, Ferreira, Schneider, Pérez y Robledo- les exigió información sobre la procedencia de la droga.
Los representantes del MPF sostuvieron que para ello utilizaron métodos ilegales y prohibidos. “Revisaron los celulares de los detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, recordó Sosa.
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“Nos pegaron y picanearon”
Durante la audiencia, la fiscalía expuso como evidencia las declaraciones de los denunciantes y de uno los testigos de procedimiento. Uno de ellos declaró que les “pegaron y picanearon”, que “tenían corriente”, que “lloraba y gritaba” y que los policías decían que “querían el pescado gordo”.
Otro de los testimonios que apuntó contra el accionar policial, detalló: “Eran un montón…eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Dos mujeres y más de siete, ocho hombres... Y ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera, y a mostrarnos la parte de la cola… El primero fue un toquecito, y después era continuo”.
Para la fiscalía, esas declaraciones se validaron con la del testigo de procedimiento, que afirmó: “El personal policial se les acercaba y les hacían preguntas, uno o dos estaban ahí, ellos les respondían. Los detenidos estaban llorando, rodeados de policías”.
Otra evidencia relevante presentada por el MPF fue que en un domicilio allanado vinculado a Balais, en la ciudad de Santa Fe, se incautó una picana eléctrica dentro de su mochila de trabajo. “La existencia de ese artefacto de tortura en poder de uno de los policías imputados les da una significativa credibilidad a los relatos”, remarcó la fiscalía.
Ampliación de la acusación por torturas para seis policías
En otra audiencia celebrada el miércoles pasado y de la que participó el fiscal general Arzubi Calvo, junto a las fiscales Sosa y García, se amplió la imputación a los policías Balais, Schneider, Ferreira, Robledo, Toledo y Pérez por ser presuntamente quienes aplicaron golpes y torturas en aquellos procedimientos irregulares.
Además de reiterar el valor de las entrevistas a las víctimas de los tormentos y el secuestro de picana dentro de la mochila policial de Balais, al momento de detallar los nuevos hechos ilícitos imputados, la fiscalía expuso evidencia surgida, principalmente, de la pericia preliminar al teléfono del policía Toledo, secuestrado en oportunidad de su detención.
De allí “surge cuál es el método de trabajo, la sistematicidad significativa de revisar teléfonos, y utilizar métodos lesivos contra la integridad física de los detenidos”, recalcó la fiscal Sosa.
La hipótesis expuesta por los fiscales es que el personal a cargo de Aguilar obtuvo información a través de violencia física “bajo amenazas, golpes y utilización de una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos”, a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga.
“Pedagogo de la ilegalidad”
Para que el juez tome dimensión de esa evidencia, la fiscalía solicitó la reproducción de un audio entre Toledo y otro efectivo policial, en abril de 2024. En ese registro el primero explica cómo hacerse de información obtenida en forma ilegal.
“Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos”, explica Toledo sobre la metodología en los operativos. Al graficar la gravedad de esa situación, la fiscal Sosa caracterizó al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.
Otro audio reproducido en la sala dejó en evidencia la imposición de torturas. El 17 de septiembre de 2024, Toledo le cuenta a Balais sobre un patrullaje en zona norte: “Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra”.
“Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos, con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”, finaliza el audio enviado por el imputado Toledo.
En otra conversación extraída de su teléfono, el 19 de abril de 2024 Toledo comenta en un chat grupal del que participa personal de la PAT: “Unas ganas de trabajar…”, a lo que Balais responde: “Quiere ver la picana en acción”.
Toledo escribe: “Jajaja. Cómo lloraba el de la vía”, Balais replica: “No tiene desperdicio”, y su compañero dice que necesita “dar otra sesión de masajes eléctricos”.
Tres días más tarde, hay otra conversación en ese mismo grupo donde mencionan la dirección de un lugar donde “volvieron a activar”. Un integrante pregunta dónde es y otro responde: “Donde Balais hizo el secuestro de la picana”, lo que para la fiscalía indicaría que ese aparato con el que aplicaban descargas eléctricas lo habrían robado de un búnker, usado y ahora está secuestrado como evidencia clave en el caso.
Con esa evidencia, la fiscalía solicitó ampliar la imputación a los seis policías y requirió para todos ellos la prórroga de la prisión preventiva -su plazo vencía esta semana-, ante los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez Vera Barros hizo lugar a estos planteos y prorrogó las prisiones preventivas por 180 días o hasta la fecha de la audiencia del control de acusación, lo que ocurra primero.
