El dato fue ventilado por la fiscal Ilera en la audiencia de prisión preventiva. Los siete imputados por estafas continuarán el proceso detenidos.
Las partes destacaron la cantidad de documental que forma parte de la evidencia | Imagen ilustrativa
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La megacausa por estafas inmobiliarias perpetradas en localidades aledañas a Santa Fe tuvo este jueves la audiencia de prisión preventiva para los siete imputados. Todos los sospechosos de integrar una asociación ilícita dedicada a maniobras defraudatoria con la venta de inmuebles seguirán detenidos por un acuerdo entre las defensas, la Fiscalía y las querellas que representan a más de 40 damnificados.
En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Bárbara Ilera dio detalles de la investigación que involucra a dos abogados santafesinos, un martillero, un corredor inmobiliario y varias personas más. Ilera detalló que, hasta el momento, el monto de las maniobras atribuidas a la banda alcanza el millón de dólares.
La audiencia se realizó en la sala 1 de los tribunales santafesinos ante el juez Sergio Carraro, quien dictó la prisión preventiva de los imputados Agustín Storni, Alfonso Storni, Emiliano Chacón, Diego Parisse, Atilio Di Mattia y Javier Cóceres, y de María Fernanda Guerra, bajo la modalidad de prisión domiciliaria ya que tiene a su cargo a su madre enferma.
Si bien la medida de prisión preventiva fue acordada con los abogados defensores, todos ellos remarcaron que consentir la medida no era admitir la responsabilidad de los delitos atribuidos.
En tanto, la fiscal brindó algunos detalles de la evidencia reunida en la investigación, para avalar el pedido de prisión preventiva: Ilera destacó la cantidad de documental secuestrada en los allanamientos de los imputados, entre los que destacó: boletos de compraventa falsificados, emulando que pertenecían a sociedades anónimas de las décadas 70’ y 80’, ya inexistentes; también se secuestraron sellos profesionales apócrifos, de registros de la propiedad, de entidades bancarias, formularios en blanco, máquinas de escribir y demás elementos que eran utilizados para las maniobras.
La fiscal recordó que, al momento de concretarse la imputación, se atribuyeron 57 hechos delictivos en base a las denuncias, sin embargo, desde la publicidad del caso, siguieron recibiendo denuncias y cada día se entrevistan en la sede fiscal a posibles damnificados por la banda, y ya hay aproximadamente 100 denuncias en total. En este sentido, sostuvo que el monto de las primeras maniobras imputadas alcanza el millón de dólares, y que hay evidencia que parte del dinero fue girado al exterior; uno de los abogados querellantes agregó que el destino de los fondos fue Panamá.
Finalmente, Ilera agregó que, al analizar la documentación secuestrada en los allanamientos, se encontraron documentos que permiten sospechar la comisión de maniobras similares en Corrientes, si bien hasta el momento no consta ninguna denuncia radicada en esa provincia, aclaró en una entrevista con AIRE en tribunales al finalizar la audiencia.
Video ► Entrevista con la fiscal Ilera al finalizar la audiencia
La imputación realizada por la Fiscalía de Delitos Complejos atribuye a la presunta asociación ilícita haber montado una agencia inmobiliaria “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Por medio de esa firma, ofrecieron lotes por cuentas de redes sociales que en su mayoría eran administradas por Lihuel Chacón.
Tras contactarse con las víctimas, mantenían contactos en distintos domicilios en donde funcionaban las sedes comerciales: Seguí al 1700; 4 de Enero 1000; Bulevar Pellegrini al 2800; en un departamento de la zona del Puerto; Juan de Garay al 2900; 9 de Julio al 1200; Hipólito Irigoyen al 2900. En esos domicilios, los acusados le exhibían a las víctimas planos y documentos y planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.
Según la imputación, los integrantes de la asociación ilícita no contaban con autorización de sus legítimos propietarios o poseedores de los lotes involucrados. A su vez, los inmuebles ofrecidos no habían sido ofrecidos como quienes se presentaban como los “transferentes”.
El ardid implicó además que la banda utilizara sellos y documentos oficiales para luego iniciar juicios ante Juzgados Civiles de Santa Fe con el objetivo de ordenar una sentencia para lograr una escrituración de los lotes.
En cuanto a roles, la Fiscalía le atribuyó a Alfonso Storni ser una pieza clave en la estafa al atribuirle ser quien, en su carácter de organizador, articulaba los terrenos, firmaba boletos y se presentaba como referente de AS Inmobiliaria o As Gestión Inmobiliaria. Inclusive, era quien habría iniciado los juicios y gestionaba ante los clientes que reclamaban por la falta de escrituración. Mientras que Agustín Storni y otros involucrados, se encargaban de la logística de promoción de los lotes con escrituras fraguadas.
En cuanto a María Fernanda Guerra, la Fiscalía le imputó haber confeccionado, junto con otro miembro de la organización, un boleto de compra-venta, en donde un hombre le cedió los derechos, acciones y obligaciones de un terreno de 3 hectáreas ubicados en Colastiné Norte y que era propiedad de una mujer fallecida. Dicha operación implicó la utilización de una firma falsa de la mujer fallecida, como también sellados apócrifos.
En la audiencia, la fiscal Ilera explicó además que la organización funcionó con ese modus operandi hasta el 2 de noviembre del 2021 y luego mutó y comenzó a actuar bajo dos estructuras distintas hasta el 23 de agosto de este año, cuando se dio el desbarate.
En dicha subdivisión de la banda, Javier Andrés Cocéres y Diego Marcelo Parisse, asumieron el rol de organizadores de la asociación ilícita, ya que habrían orquestado maniobras para defraudar a terceros por medio de una firma que funcionó en una planta alta de calle Hipólito Irigoyen al 2900 de la ciudad de Santa Fe.
Las actividades delictivas desplegadas por la banda fueron calificadas como: asociación ilícita, estafas, ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario, falsificación de documento privado y falsificación de documento público, falsificación de sellos oficiales y timbrados en concurso ideal; estafa procesal.
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