Se trata del exencargado de la liquidación de sueldos, Jorge Carnaghi, su esposa María Belén Milessi y Aitor Imano Chiavassa, de la tesorería del departamento administrativo del nosocomio, quienes por medio de su abogado, Néstor Oroño, solicitarán penas en suspenso en el marco de una audiencia que ya tiene fecha y horario.
La misma fue fijada por la Oficina de Gestión Judicial para el próximo 23 de diciembre y será ante la jueza Rosana Carrara y el fiscal de la causa Federico Grimberg, del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
Además, fueron también citados los querellantes de la causa: el abogado particular, Esteban Campos, que patrocina a varios empleados; y la Fiscalía de Estado que fue admitida como querellante esta semana.
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La causa en cuestión surgió a partir de una denuncia que realizó el Consejo de Administración del Iturraspe que detectó cómo, entre enero del 2020 y octubre del 2023, se desviaron fondos del denominado “Fondo del 30%” que recibe el dinero de los servicios que brinda el efector a usuarios de prepagas, obras sociales y seguros de accidentes.
Penas y resarcimiento económico
Si bien no trascendieron detalles sobre qué penas podrían llegar a firmar los exempleado del Iturraspe, si se supo que serán en suspenso, por lo que no irán a prisión.
Mientras que la parte económica sería variable, ya que se calculará el monto indebido que cada imputado recibió en sus cuentas de los fondos pertenecientes a las arcas del hospital ubicado en avenida Blas Parera al 8300.
Vale recordar, que el fraude total, según la última estimación que hizo la Fiscalía tras la audiencia de imputación, fue de $38.337.865, por lo que el monto a devolver se calcularía a valor actual.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
Expulsados del Ministerio de Salud
A la audiencia del próximo 23 de diciembre, Carnaghi, Milessi y Chiavassa llegarán en libertad y fuera de la órbita del Estado, ya que el 25 de julio pasado fueron expulsados mediante un decreto que llevó la firma de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
En esa resolución, el Ministerio de Salud sostuvo que a lo largo de un sumario administrativo se acreditó que los empleados cesanteados recibieron en sus cuentas bancarias grandes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30%”.
En aquella cesantía también fueron expulsados del Estado Diego Martín Acosta y Federico Carbo, del Departamento de Informática en comisión de servicios en el hospital Sayago; Alan Matías Carnaghi, profesional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Gerardo Jesús Robledo, Jefe de Personal; Josías Román Robledo - Departamento Administrativo; Betiana Lorena Wery, de la parte de sueldos del departamento administrativo; y Laura Liliana Wery, de la parte de compras del departamento administrativo.