Este esquema de corrupción que aparece en esta trama es un cambio de paradigma en el que el propio sistema, que tiene innumerables dobleces y oscuridades, no lo puede aceptar: que un juez ponga el aparato del Estado para perpetrar una extorsión a dos empresarios. Bailaque rompió hasta los códigos de la propia corrupción, que en la Justicia transitaron siempre en modo pasivo, que consiste en que el paso tiempo la diluya de los problemas. El “no hacer” es una respuesta.
Los funcionarios judiciales que tomaron un rol activo a la hora de cometer un delito terminaron en su mayoría destituidos y muchos en la cárcel, como el exmagistrado de Orán, Raúl Reynoso, o el de Corrientes, Carlos Soto Dávila. En estos dos casos, el fiscal que los investigó fue Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, quien también lo hace ahora contra Bailaque, junto a una decena funcionarios del Ministerio Público de Rosario, Santa Fe, Reconquista y Buenos Aires.
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Fuentes judiciales apuntaron a AIRE que es probable que el Consejo de la Magistratura suspenda a Bailaque y luego lo destituya, a partir de que las revelaciones de Vaudagna se confirmen en la investigación, algo que está prácticamente cerrado. Incluso, las fuentes advirtieron que el magistrado puede terminar en una cárcel federal.
Para la justicia federal de Rosario sería un hecho histórico, porque a partir del nuevo sistema procesal penal, que comenzó a regir el año pasado, plantearía que se abre un nuevo capítulo después de que la justicia federal de Rosario quedara apuntada como una de las responsables –no la única- de la historia reciente que golpeó Rosario con el crecimiento del narcotráfico y la violencia.
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Para evitar ir preso, el extitular de Afip, Carlos Vaudagna, declaró ante la Justicia durante un mes y medio.
El avance de uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos marcaría otro mojón, que en Santa Fe hay corrupción, como en cualquier provincia, sólo que no se la investiga. Eso muestra el caso de Bailaque y Vaudagna, más allá de una promiscuidad con los vínculos empresarios, como son los casos del expresidente de Vicentín Omar Scarel, detenido este sábado, y el dueño del diario El Litoral Carlos Nahuel Caputto.
La corrupción no solo benefició al crecimiento patrimonial de Vaudagna, y presuntamente de Bailaque, sino de otros actores que obtuvieron beneficios para inflar sus bolsillos y ganar poder. Para evitar ir preso, Vaudagna declaró durante un mes y medio y además está el anclaje de su teléfono celular que fue incautado en noviembre pasado y aún no fue abierto. Queda el interrogante hasta dónde llegará la justicia. Si con lo que sucedió alcanza.
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Más allá de la profundidad, la trama rompió el paradigma de una justicia intocable. Y que cuando el aparato judicial tiene la decisión de meter los pies en el barro aparecen hechos oscuros, como sucedió en otro ámbito, con la causa llamada “juego clandestino” en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery profundizaron una trama que salpicaba al senador peronista Armando Traferri y a una constelación de personajes oscuros.
Los dos fiscales que investigaron ese tema, que no era de una profundidad escabrosa frente a tramas narco mucho más pesadas, terminaron teniendo que dar explicaciones y contra las cuerdas. La Unidad de Crimen Organizado a la que pertenecían se disolvió. Edery enfrenta una causa penal por mantener vínculos inapropiados con una integrante de la banda de Los Monos, Mariana Ortigala.
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Fuentes judiciales apuntaron a AIRE que es probable que el Consejo de la Magistratura suspenda a Bailaque y luego lo destituya.
Esa fue la devolución del propio sistema. Después de lo que pasó, qué fiscal se va a animar a poner la lupa en algo oscuro. Traferri es propietario de una frase que marca la relación que la política pretende de la justicia.
Hace unos años, cuando se analizaban los pliegos de los fiscales de San Lorenzo, su territorio político, le preguntaron si se oponía a que fuera elegido alguien propuesto por el Frente Progresista. Traferri respondió: "No me interesa que sea radical, socialista o peronista, lo único que no quiero es que sea independiente".
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La frase salió de la boca del legislador del PJ, hoy aliado a Ciudad Futura, pero es compartida por todo el sistema político. En terminología libertaria, por toda lo que hoy los libertarios llaman casta. Esto ocurre en Santa Fe y en la mayoría de las provincias, y con mayor promiscuidad en Comodoro Py, donde los magistrados son, además de todo, millonarios, como el reciente designado en la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto Ariel Lijo, uno de los organizadores de una puesta en escena que hizo la justicia federal en mayo de 2022, cuando desembarcaron todos los miembros del máximo tribunal para respaldar el trabajo de los jueces contra el narcotráfico.
En el auditorio de la facultad de Derecho, sentado en la tercera fila, estaba Marcelo Bailaque. Lijo, uno de los jueces más sospechados de corrupción en la Argentina, organizó un acto para dar su apoyo a la justicia federal rosarina, que, justamente, era el problema.
Dos años después, Lijo espera que el Congreso avale el decreto de su designación en la Corte Suprema, algo improbable, y Bailaque está al borde de ser destituido e ir preso.
