El hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Posadas y se dio a partir de un pedido de paradero tramitado inicialmente en el Ministerio Público de la Acusación.
Según informó la Oficina de Prensa del organismo provincial, la Fiscalía tomó conocimiento del caso el pasado lunes 28 de octubre, cuando la madre de la menor de edad radicó una denuncia de búsqueda de paradero.
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El caso fue asignado al fiscal Roberto Olcese, y también fue trabajado por la fiscal María Laura Urquiza, quienes indagaron la denuncia que hacía hincapié en que la menor había sido sustraída por una familia de gitanos misionera.
A raíz del caso, se llevaron a cabo una serie de intervenciones telefónicas y se hicieron seis días de escuchas, de las que se registraron conversaciones en un idioma gitano. En paralelo, se analizaron las antenas de los teléfonos para geolocalizar a la menor de edad y a la familia sospechada de haberla llevado al norte del país.
En medio de las escuchas viajaron hasta la provincia de Misiones un grupo de agentes de Trata de Personas, quienes realizaron tareas de inteligencia en esa provincia. Además, se sumaron al procedimiento agentes de la Gendarmería Nacional, que también llevaron a cabo diligencias en la provincia de Corrientes.
"Hicimos un trabajo más profundo con la geolocalización y pudimos concluir que estaba en Posadas, dispusimos que personal de Gendarmería Nacional fuera a hacer tareas de inteligencia en la zona, a partir de las cuales se confirmó que la adolescente efectivamente estaba en ese lugar”, señalaron los fiscales en un comunicado difundido este viernes.
Olcese y Urquiza destacaron además que con la investigación ya avanzada solicitaron al juez José Luis García Troiano declarar la incompetencia del caso, por lo que la causa fue girada a la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe para su posterior trámite.
A partir de allí, intervinieron los fiscales federales Walter Rodríguez y Milagros Traverso quienes tramitaron la ejecución 3 allanamientos en la ciudad de Posadas en el marco de la investigación.
Según explicaron desde el organismo federal, los procedimientos fueron con el propósito de hacer "cesar los efectos del delito y frente a la sospecha fundada de que en aquellos lugares podría encontrarse la víctima de una privación ilegal de la libertad, en situación de riesgo para su integridad física".
"La investigación cuenta con la colaboración de la PROTEX a cargo de la Fiscal María Alejandra Mángano, como así también con la intervención del personal de la Subsecretaría del Niño, Niña y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la Provincia de Misiones y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata", agregaron desde la Fiscalía Federal.