El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, recibió una sentencia de 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Goya en Corrientes.
El Tribunal de Goya, Corrientes, dictó una condena de 12 años de prisión para Leonardo Cositorto, líder de la organización Generación Zoe, por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.
Los fiscales habían solicitado la pena máxima para el empresario, que era de 16 años, pero finalmente el juez le dio una sanción de cuatro años menos.
Junto a él, otros miembros de la organización recibieron penas significativas: Miguel Ángel Echegaray fue condenado a 11 años, Maximiliano Javier Batista a 14, y Lucas Damián Camelino a 12 años.
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Los condenados fueron hallados responsables de ser miembros de una asociación ilícita y de realizar estafas con modalidad de delito continuado. Por otro lado, Nicolás Camelino y Javier Medina fueron absueltos de todos los cargos en un fallo que los declaró inocentes.
A pesar de la condena, Cositorto, quien está detenido desde hace meses, sostuvo que la acusación es falsa. En declaraciones recientes, afirmó que “en ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita” y consideró que la Justicia quiere mantenerlo preso.
"Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril, pero si la condena no está firme, podría salir", señaló, aunque también reconoció que el juicio en su contra continuará en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.
Cositorto también cuestionó aspectos de la investigación, como el hecho de que se lo vinculara con la creación de la organización en Dubái. En sus palabras, fue una acusación "ridícula" que no tiene fundamento.
Además, mencionó que el proceso judicial le habría afectado económicamente al señalar que se le bloquearon las cuentas bancarias y le fueron confiscados bienes como autos, criptomonedas y emprendimientos.
El juez Carbajal destacó que la organización de Generación Zoe se instaló de manera formal en Goya y que la existencia de la asociación ilícita y el dolo por estafa está suficientemente documentada.
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