El fiscal Ezequiel Hernández presentó la acusación y anticipó un pedido de 11 años de prisión para el exfuncionario acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a confeccionar “informes de inteligencia” de políticos, empresarios, policías, periodistas y funcionarios judiciales.
Marcelo Sain, cuando era ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, presentó la acusación contra el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain (59), por la causa que investigó el espionaje ilegal de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el gobierno provincial.
Según fuentes judiciales, la acusación fue presentada el pasado miércoles ante la Oficina de Gestión Judicial de tribunales y anticipa para Sain un pedido de 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
Tal pedido fue tras imputarle al exministro haber sido jefe de una asociación ilícita, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversado caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
El pedido de pena también alcanza a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), a quien la Fiscalía le imputó haber sido organizadora de la asociación ilícita investigada. Para ella, el fiscal Hernández solicita una condena de 9 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Hernández también requirió la misma pena para la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48).
En cuanto al exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, Germán Montenegro (57), la Fiscalía consideró que le corresponde una pena de 7 años por haber sido presuntamente miembro de la asociación ilícita investigada y además cometer una serie de delitos: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos.
La causa también apunta al exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), a los cuales Hernández les pide 5 años de cárcel más la inhabilitación. Por último, la acusación sostiene que le corresponde una condena de 3 años de prisión (e inhabilitación) la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
Según acusación, las siete personas que se encuentran imputadas formaron parte de una organización criminal que funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años: por lo menos desde el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando el caso salió a la luz.
Para el fiscal Hernández, la organización tenía “estructura piramidal” la cual era encabezada por Sain y Schujman y Cotichini, quienes diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados.
El funcionario judicial además hizo hincapié en que los exfuncionarios, durante su paso por el Estado, hicieron “informes de inteligencia” en los que incluyeron desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales.
La Fiscalía también sostiene que el grupo de funcionarios incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.
Entre las personas que fueron perfiladas, se encontraban funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).
Sobre el exministro de Seguridad pesa otro pedido de juicio en el marco de otra causa que también se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos y que lleva el propio fiscal Hernández. Se trata de una investigación que puso la lupa sobre una licitación para la compra de armas que tenía como destino la Policía provincial.
Según ese legajo judicial, Sain, el entonces Secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro y el encargado de Finanzas del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas habrían intentado beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Para Hernández, los imputados llevaron a cabo maniobras defraudatorias de una licitación pública (la número 11/2021), que estaba destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe por un monto total de 17.103.543 dólares.
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