El hallazgo se dio tras una investigación realizada por agentes de la Policía Federal que descubrieron un establecimiento ilegal ubicado a la vera de la ruta 1.
El establecimiento se encontraba a la vera del kilómetro 19 de la ruta provincial 1.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEl fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió que sea llevado a juicio el sindicado cabecilla del vivero narco de Arroyo Leyes, descubierto en 2024 a partir de una investigación realizada por agentes de la Policía Federal.
Se trata de Gabriel “Cachi” Nudel, un santafesino de 36 años que fue detenido y procesado por presuntamente haber montado una organización dedicada a la plantación de marihuana que, bajo una fachada legal, pretendía comercializar su cosecha en Santa Fe y la zona.
Dicha plantación se encontraba en el kilómetro 19 de la ruta provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes. No obstante, fue hallada una importante cantidad de plantas en un domicilio de Santiago del Estero al 3600 de la ciudad de Santa Fe, que también fue investigado en el marco de la misma causa.
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Ambos inmuebles fueron desbaratados el 13 de febrero del 2024 tras dos allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Federal y por los cuales fue detenido Nudel y otras seis personas: entre ellas, el abogado Osvaldo Ceresole (56) y Mauricio José Zambón (32), señalados como los laderos del emprendimiento narco.
A raíz de la causa, el entonces juez a cargo del Juzgado Federal N°2, Aurelio Cuello Murúa, procesó a Nudel por los delitos de “organización del tráfico de estupefacientes”, “cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”, “tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra”, y “desapoderamiento ilegítimo de energía eléctrica”.
El fallo alcanzó en ese momento a Zambón y Ceresole y otros cuatro implicados identificados como Adrián Cesar “Pira” Poncio Nerbutti (42), Napoléon Sebastián Cardo (26), Tomás Francisco Benítez (28) y Gastón Celestino Persoglia (24). Todos procesados por “cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”, “tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra” y “desapoderamiento ilegítimo de energía eléctrica”.
El fallo fue apelado y el pasado 9 de diciembre los jueces de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, Anibal Pineda y Silvina Andalaf Casiello, confirmaron la resolución del juez Cuello Murúa.
De la investigación judicial se desprende que la organización criminal alquiló el predio de la ruta 1 y plantó cerca de 1500 plantas de marihuana mediante un permiso legal otorgado por el Instituto Nacional de la Semillas para fines científicos.
En tanto, en el domicilio de calle Santiago del Estero, los investigadores hallaron otras 300 plantas con fines supuestamente científicos, pero que para la Fiscalía tenían destino cosecha y comercialización.
De hecho, tal situación fue advertida por el juez que dictó el procesamiento: “Los establecimientos allanados presentaban evidentes rasgos de clandestinidad, absolutamente distantes a la conformación de emprendimientos destinados a fines científicos y experimentales", consideró Cuello Murúa.
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