Se trata de los 66 celulares que fueron secuestrados por la Gendarmería Nacional en el marco de un allanamiento al establecimiento carcelario de avenida Blas Parera al 8800 y que fue impulsado por los fiscales federales Gustavo Onel y Gastón Theler.
Dichos teléfonos serán remitidos a pericia para determinar si dentro de los dispositivos surgen evidencias que permitan establecer quién gestionó el ingreso del material estupefaciente a la prisión y si hubo connivencia o no de parte del personal del Servicio Penitenciario.
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Gendarmería en medio de una requisa a uno de los pabellones allanados.
Vale recordar, que como medida preventiva, el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a un total de 11 agentes que prestaban servicio en la cárcel, de los seis oficiaban como celadores del pabellón 6 que tenía los trozos de marihuana enterrados.
La pista inmediata
De los 66 teléfonos secuestrados por la Gendarmería, la Fiscalía ordenó que inicialmente sean peritados los que fueron encontrados dentro del pabellón 6 en donde además de los cuatro kilos de marihuana enterrados se encontraron (tres días después) otros 733 gramos del mismo material estupefaciente.
Según trascendió, son alrededor de 15 teléfonos que serán remitidos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación y que tiene la tecnología necesaria para realizar un análisis forense digital de los dispositivos secuestrados.
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Gendarmería Nacional sigue al frente del allanamiento en la cárcel de Las Flores.
A una semana del comienzo de la investigación, la idea de la Fiscalía es que una vez que culmine la pericia de los teléfonos del pabellón 6 continúe la apertura del resto celulares secuestrados por la Gendarmería Nacional.
Reproches penales
Si bien el caso aún no tiene personas imputadas por el hallazgo, la causa podría tener como blanco inmediato al personal penitenciario que debía controlar qué ingresaba al pabellón 6 y al mismo penal.
En este sentido, uno de los delitos que podrían surgir sería el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que el material estupefaciente ingresó a la unidad penitenciaria, pero aún se desconoce si fue por falta de control o ante una posible connivencia de parte del personal penitenciario.
Por esa razón, será clave para la investigación lo que puedan revelar los teléfonos secuestrados por la Gendarmería en el reciente allanamiento que marcó un hito en la historia carcelaria de Santa Fe.