A ese caso se sumó otro de relevancia. Este domingo la Fiscalía ordenó la detención de diez policías que se desempeñan en Rosario, que prestaron funciones en el Comando Radioeléctrico (CRE). Están sospechados de llevar adelante robos, lesiones, allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad. Si bien no se dio a conocer de cuántos hechos se trata, tienen en común que son casos en los que se pudo comprobar la falsedad de las actas policiales sobre lo que había sucedido.
Desde la Provincia aseguraron que este tipo de detenciones significan un “golpe duro” pero que al mismo tiempo “da muestra de cómo es esta gestión en materia de seguridad”. “En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos, cae sobre ellos todo el peso de la ley, y en los casos de los policías que usen uniformes para hacer bien su trabajo, recae sobre ellos todo el apoyo del gobierno”, apuntó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Seguridad, Esteban Santantino.
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El funcionario reconoció que “sería muy ingenuo pensar en que son hechos aislados”. “Hablamos de una fuerza de seguridad con 25 mil hombres a la que se le suma el servicio penitenciario. Por supuesto que hubo, hay y va a haber situaciones irregulares y delictuales que hay que seguir resolviendo, no podemos escapar a esta realidad”.
La detención de diez efectivos del Comando Radioeléctrico este domingo mostró el costado oscuro de la fuerza de seguridad. Según fuentes de la Fiscalía Regional de Rosario, los policías aprehendidos son cuatro hombres y seis mujeres. Fueron detenidos en una serie de allanamientos que llevó adelante personal de Asuntos Internos en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos fueron coordinados para no afectar la prestación de servicio del CRE, ya que algunos de los detenidos siguen trabajando en esa dependencia.
Los voceros consultados indicaron que los detalles de la investigación serán dados a conocer en la audiencia imputativa que se va a realizar en los próximos días, para la cual no ha sido aún fijada la fecha. Los allanamientos fueron ordenados por los fiscales José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y Karina Bartocci, de Violencia Institucional.
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María Virginia Villar, subsecretaria de Inteligencia Criminal de la provincia de Santa Fe, y Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Los fiscales investigan, según señalaron fuentes judiciales, “diversos procedimientos llevados adelante por personal policial con mecánicas coincidentes, relacionados a hechos de lesiones, robo, falsedad ideológica, allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad entre otros presuntos delitos”. Esas fuentes apuntaron que en la investigación “se pudo comprobar objetivamente que lo que daba por cierto la Policía era falso”.
Los detenidos, algunos de los cuales no prestan más servicio en el CRE Rosario, son cuatro hombres identificados por sus iniciales LP, GM, BP y MB, y seis mujeres identificadas como JP, MP, SMC, GN, MT y AM.
En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, gran cantidad de material balístico, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dinero en efectivo, celulares, dos herramientas para cortar cadenas y documentación de interés para la investigación.
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Desde hace unos meses se repiten investigaciones que tienen como protagonistas a personal policial. El 15 de diciembre pasado, cuatro policías de la Brigada Motorizada Rosario fueron detenidos, mientras estaban de servicio. Están sospechados, en una investigación llevada adelante por el fiscal Pablo Socca, de realizar un allanamiento ilegal en la casa de un joven motociclista al que habían frenado en la calle, en un control, porque no llevaba su DNI. En los domicilios de los agentes se encontraron elementos de la víctima, droga fraccionada y dinero en efectivo.
Los operativos fueron realizados por la División de Asuntos Internos, que incautó 300 dólares, casi un millón de pesos, un arma de juguete –que estaba en la mochila de uno de los policías de servicio–, quince envoltorios de marihuana fraccionada, una balanza digital, el celular de la víctima y hasta la caja de un parlante nuevo que había comprado el joven que fue objeto del procedimiento.
Según fuentes de la investigación, la causa se inició el 7 de diciembre en el barrio República de la sexta, cuando los agentes motorizados frenaron a un joven de 26 años que se desplazaba en su moto. No llevaba su DNI ni tenía los papeles de su vehículo, aunque señaló que toda la documentación estaba a escasos metros del procedimiento, en un domicilio familiar.
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Por motivos que no están claros, los policías acompañaron al motociclista a su casa e ingresaron a esa propiedad y a dos linderas, donde se informaron los secuestros de un arma de fuego y otros elementos que suelen utilizarse para estética.
El motociclista terminó detenido por supuesta resistencia a la autoridad y por descartar en el techo de una casa vecina un arma de fuego. No obstante, el fiscal avanzó sobre el acta de procedimiento hecha por los agentes y pudo establecer que se trataba de un procedimiento irregular.
“La propia dinámica de todo lo que sucedió me lleva a pensar que esta no es la primera vez que ocurre”, aseguró el fiscal Socca, que reveló que al momento de la detención de los acusados, uno de ellos estaba en servicio portando una réplica de arma de fuego. “Yo no tengo ni que explicar para qué un policía de calle tiene una réplica de pistola. Es más que obvio: para plantarla a alguien y armar una causa”, subrayó.
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En la audiencia los familiares de los policías detenidos increparon al fiscal en la puerta del Centro de Justicia Penal. Ante este hecho, Socca solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad para documentar las amenazas recibidas. “Entiendo a la familia, pero no tienen que estar enojados con la fiscalía, sino con los policías detenidos que cometieron estos delitos”, apuntó el funcionario.
A este caso se sumó otro en los últimos otro meses que generó preocupación, por las sospechas de que sectores policiales tienen vínculos con el narcotráfico, como quedó demostrado en decenas de causas judiciales a lo largo de los últimos años.
En octubre pasado, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo imputó a ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe por un allanamiento que, según la investigación, fue realizado de forma ilegal, con violencia y bajo amenazas el 13 de agosto último en una vivienda particular de barrio Azcuénaga, donde habrían privado de la libertad a cinco personas -entre ellos dos menores de edad-, y sustraído entre 12 kilos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos, entre otros elementos.
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A los ocho acusados les imputaron la coautoría de delitos que van desde la violación de domicilio, el robo agravado, la falsedad ideológica y la asociación ilícita, hasta el encubrimiento. A pedido del MPF, se ordenó la prisión preventiva por 90 días para siete de los agentes, y de 30 días para el restante.
Los agentes policiales ingresaron ilegalmente el 13 de agosto pasado en un domicilio de calle Forest, del barrio Azcuénaga, con uniformes oficiales y portando sus armas reglamentarias. Según la imputación, seis de los suboficiales del Grupo Alfa de la PAT, arribaron en dos móviles policiales, ingresaron de manera clandestina e ilegal a la vivienda. Con violencia y bajo amenazas redujeron y esposaron a dos varones y luego encerraron en un dormitorio a una mujer con sus dos niños. Varias horas después avisaron recién al fiscal de flagrancia del MPA. Luego, con la declaración de los detenidos quedó expuesto que todo el operativo era falso y que lo hicieron para robar la droga.
