El recurso lleva la firma del letrado José María Silvela y denuncia que sus asistidos sufrieron inicialmente intimidaciones y amenazas y luego golpizas por parte del personal de la Guardia Operativa de Restitución del Orden.
Según el letrado, todo comenzó cuando luego de estar detenidos durante diez meses en la alcaidía de Rafaela, sus clientes fueron ingresados al penal de Coronda el pasado 30 de octubre de manera “intespestiva”.
LEER MÁS ► Prisión preventiva para los directivos de un grupo inmobiliario de Rafaela imputado por cientos de estafas
El abogado aclaró además que una vez que fueron alojados en el establecimiento carcelario, sufrieron intimidaciones y amenazas por parte del personal penitenciario. Tal situación se agravó aún más cuando los agentes los golpearon.
Carcel de Coronda_DSC03806_MTH.jpg
Ingreso a la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Coronda.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Según el defensor, los agentes le decían a los Spaggiari, en plena golpiza, “¿Dónde está la plata?” y “¿dónde están los euros”. Ambos reclusos fueron luego alojados en una celda y pese a las lesiones sufridas no habrían recibido asistencia médica.
A raíz del suceso, el abogado Silvela interpuso un recurso de habeas corpus en la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia de Santa Fe, por lo que el próximo 11 de noviembre se realizará una audiencia. La misma estará encabezada por el juez penal Nicolás Falkenberg y fue fijada para las 12.30, según indicaron fuentes judiciales consultadas por AIRE.
El caso Spaggiari
Tanto Fernando como Matías Spaggiari se encuentran imputados como los jefes de una asociación ilícita que cometió por lo menos 152 estafas y despojó a sus víctimas de millonarias sumas de dinero, según estableció el fiscal Guillermo Loyola.
Por el caso, ambos hermanos quedaron en prisión preventiva, al igual que su madre Mirta Condotto quien atraviesa la medida cautelar de manera domiciliaria.
LEER MÁS ► Caso Spaggiari: provincia tomó posesión de los bienes de la firma sospechada de millonarias estafas
Aquellas medidas fueron impuestas en octubre del 2023 por el juez Gustavo Bumaguin que analizó las evidencias presentadas por el fiscal Loyola, que acusó a las ocho personas que realizar captación de ahorro, de pesos y dólares, entre noviembre del 2019 y noviembre del 2022, bajo la promesa de devolver a los ahorristas un interés del 3% en dólares y el 5% en pesos.
Si bien en un principio el fiscal imputó 153 estafas, durante la audiencia de medidas cautelares amplió la cantidad de damnificados a 173 hechos y 85 denuncias, ya que tras salir a la luz el caso, se presentaron en sede judicial más personas y acusaron haber sido estafadas por el grupo inmobiliario.
Según estableció la investigación, los damnificados entregaron a la firma distintos montos de dinero: desde 40 a 60 mil dólares, como también el pago de indemnizaciones por accidentes de tránsito o seguros de vida de personas fallecidas. Sin embargo, con el paso del tiempo el pago de intereses no fueron entregados y motivaron a muchos de los ahorristas denunciaran al grupo.
