El tribunal de Juicio integrado por los Jueces de Primera Instancia Paula Álvarez, Florentino Malaponte y Carlos Leiva condenaron a María Cristina Giménez, de 69 años, a la pena de cinco años de prisión efectiva por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso real, y 10 años de inhabilitación especial.
Los fiscales Mariana Prunotto y Matías Edery habían solicitado una condena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación especial para ejercer como profesional.
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En el juicio se comprobó que la médica no había alertado a las pacientes sobre los riesgos del parto domiciliario
Dos partos domiciliarios
Los hechos por los que fue condenada Gimenez ocurrieron en los años 2015 y 2017: Mariela Zuñiga falleció el 4 de mayo de 2015 cerca de las 17:30, a causa de la "conducta imprudente, negligente, imperita en su arte y profesión, como así también inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo", precisaron los acusadores.
En su calidad de médica, Gimenez le indicó a Zuñiga que podía tener un parto en domicilio sin riesgos mayores para su vida o la de su feto. La médica continuó atendiendo a la mujer durante su embarazo, "sin intervención alguna de institución hospitalaria, por ende sin ningún estudio de rutina", sostuvieron los fiscales en la acusación.
El día del parto, Giménez preparó a la víctima para practicarle un parto en domicilio, en la localidad de Soldini. Cerca de las 16:30, estando en trabajo de parto, notó que la paciente estaba grave, por lo cual decidió trasladarla por sus propios medios, en auto particular, sin asistencia de ambulancias, al Hospital Roque Saenz Peña de la localidad de Rosario, "al que no había avisado de la realización del parto domiciliario ni tampoco de una atención de urgencia", precisaron los acusadores.
Al arribar al Hospital, Mariela Zuñiga ya había fallecido: los profesionales del nosocomio le realizaron una cesárea de urgencia y diagnosticaron lesiones en el útero y el bebé se encontraba fallecido.
En este caso, la mujer ya había tenido un parto por cesárea dos años antes, y consideraba que había sido innecesaria, recordaron los familiares que declararon como testigos en el juicio. Así llegó a conocer a la doctora Giménez, quien compartía su criterio sobre la innecesariedad de la cesárea.
Sin embargo, el plazo que había transcurrido entre ese primer embarazo y el segundo, además de haber sido practicada una cesárea, eran dos factores que hacían riesgoso y desaconsejado el parto domiciliario, sostuvieron los profesionales que declararon como testigos en el juicio.
El segundo hecho ocurrió dos años después, y en esta oportunidad la mujer víctima de los hechos padeció lesiones gravísimas; una vez más, Giménez le había asegurado que podía tener un parto en domicilio sin riesgos mayores para su vida o la de su feto; una vez más, no realizó ningún estudio durante la gestación.
La mañana del 7 de marzo de 2017, en la vivienda de la víctima en Rosario, la médica preparó a la víctima para practicarle un parto en domicilio; en este caso, la mujer ya había tenido cuatro hijos, pero como sus experiencias hospitalarias no habían sido buenas, pensó en el parto domiciliario como alternativa para su quinto embarazo.
Cerca de las 12:30 la mujer entró en trabajo de parto y la profesional notó que la paciente estaba grave. Entonces la trasladó en su automóvil, sin asistencia de ambulancias, al Hospital Eva Perón, al que no había avisado de la realización del parto domiciliario ni tampoco de una atención de urgencia; los médicos del hospital le practicaron una cesárea de urgencia: en el proceso quirúrgico se identifica feto fallecido y lesiones en útero.
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Matías Edery, fiscal de Rosario
El riesgo de los tres minutos
Los médicos especialistas que declararon en el juicio dieron detalles sobre una situación determinante que puede ocurrir durante un parto: si hay desprendimiento de la placenta el bebé deja de recibir oxigeno, y hay un lapso de tiempo crucial para lograr salvarle la vida: tres minutos.
La ventana de tiempo es muy escasa, e imposible de lograr llegar desde un domicilio a cualquier efector de salud, es por eso que los partos domiciliarios están contraindicados, especialmente con cesáreas previas, "porque el riesgo de rompimiento uterino aumenta y con ello la posibilidad de tener que salvarle la vida a un bebé y a la madre en apenas tres minutos”, sostuvieron los fiscales en los alegatos de clausura.
En las casas de las pacientes víctimas en estos hechos no estuvo presente un médico neonatólogo, tampoco había instrumental ni fármacos para la atención del parto, no se había contactado a una ambulancia para que estuviera disponible en caso de urgencia. Además, cuando las pacientes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital, la médica acusada no avisó que había una emergencia y que estaba yendo con una paciente.
Los fiscales sostuvieron que la médica no advirtió en ninguno de los dos casos que se llevaron a juicio que se había roto el útero de las pacientes, aun cuando ambos embarazos eran de riesgo por las cesáreas previas.
"Su conducta negligente imprudente, e imperita en su arte y profesión, e inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo como profesional médica se traduce en que, con la información de los antecedente médicos de la paciente de haber tenido un parto anterior con cesárea, aconseja, trata y práctica en la paciente un parto domiciliario a pesar de ser esta práctica contraindicada por la comunidad médico-científica", sostuvieron los fiscales.
