Se trata de Matías Eliseo Jauchen, que al ser detenido el 7 de mayo se encontraba descargando material de abuso sexual infantil en su computadora.
Matías Jauchen fue sorprendido por los policías en su casa, mientras descargaba material de abuso sexual infantil.
El juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Roberto Reyes, analiza si los dos santafesinos vinculados a una causa de distribución de material de abuso sexual infantil deben transitar el proceso en prisión preventiva. Se trata de Matías Jauchen, un empleado público que trabaja en el Hospital de Niños Orlando Alassia y que se encuentra suspendido, y Leandro Papini, diseñador gráfico, ambos imputados por distribuir imágenes con contenido de abuso sexual infantil.
Los sospechosos fueron detenidos en mayo y recuperaron su libertad por decisión de la jueza Celeste Minniti, quien no encontró acreditado el delito de distribución de material de abuso infantil. La Fiscalía apeló la resolución de la magistrada ante la Cámara de Apelaciones.
En la audiencia realizada ante el camarista Reyes, la fiscal Luciana Escobar Cello cuestionó la decisión de la jueza Minniti y explicó por qué los imputados deberían quedar detenidos. En tanto, los abogados defensores Pedro Busico, por Jauchen, y Martín Durando, por Papini, solicitaron que se confirme el fallo de primera instancia.
Jauchen y Papini fueron detenidos en mayo, en el marco de una serie de allanamientos realizados en la provincia por una alerta de la organización internacional Aliados por la Infancia, que combate el abuso infantil. En el informe remitido a la justicia de Santa Fe constataba que se habían detectado 53 archivos descargados y compartidos por una IP (la de Papini) y 10 por otra IP (la de Jauchen) radicadas en la ciudad de Santa Fe. En los allanamientos realizados en los domicilios de los sospechosos se secuestraron las computadoras para ser peritadas.
En la audiencia imputativa, la fiscal Escobar Cello atribuyó a cada uno de los imputados la tenencia y distribución del material detectado por Aliados, en el período de tiempo comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Sin embargo, para la jueza ese informe no era suficiente para dar por acreditado el delito de distribución y solo encontró acreditada la tenencia, un delito con una pena baja, y por lo tanto, excarcelable.
Cuando allanaron el domicilio de Jauchen, se encontraba descargando archivos. Los policías revisaron las descargas y corroboraron que se trataba de material ilícito.
En la audiencia de apelación realizada este miércoles, Escobar Cello recordó que la información de Aliados por la Infancia fue constatada en el allanamiento realizado con una "pericia en caliente", cuando se revisaron los archivos que descargaba Jauchen, y que la distribución estaba acreditada por el programa utilizado por los imputados, un programa para intercambio de archivos.
Otro de los puntos de conflicto es el "agravante" de las víctimas, que son menores de 13 años. Los 63 archivos informados por Aliados eran con víctimas evidentemente pre-púberes, es decir, menores de 13 años. Sin embargo, como la jueza había cuestionado la suficiencia del informe como evidencia, no encontró acreditado tal agravante.
Además, en el informe de allanamiento de los policías que realizaron la "pericia en caliente" en la casa de Jauchen, se precisó como positivo el hallazgo de material de abuso infantil, sin la clasificación de pre-púberes, y esto fue remarcado por los defensores.
La fiscal advirtió que, si bien a los imputados se les impuso la prohibición de conectarse a internet mientras transcurre el proceso judicial, nada les impide ingresar al programa de distribución de archivos, al que se accede con un nombre de usuario y una contraseña.
También aclaro que, una vez realizada la pericia en las computadoras secuestradas, se puede agravar la calificación legal que pesa sobre Jauchen y Papini, que podría elevar la pena a una máxima de 50 años de prisión, y recordó que el sospechoso detenido en Rosario, en el marco de la misma causa, quedó en prisión preventiva.
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