El caso de Juan Trigatti no está cerrado. Mientras tanto, la fiscal original ya no está en su cargo y hay dos letradas denunciadas ante el Colegio de Abogados.
Tres años después de la primera denuncia por supuestos abusos sexuales, el profesor Juan Trigatti fue absuelto por un tribunal.
Tres años después de haber sido denunciado por supuestos abusos a niñas del jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe, un tribunal terminó absolviendo al profesor de Educación Física, Juan Trigatti.
El caso no está cerrado: los integrantes de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA esperan conocer -cuanto antes- los argumentos de estos magistrados, porque seguramente apelarán la sentencia e insistirán con la culpabilidad del docente.
Pero más allá del devenir de esta causa, a lo largo del proceso se generaron situaciones que terminaron posando las miradas sobre el accionar de la fiscal que hasta hace poco condujo la Unidad Especial, Alejandra Del Río Ayala; de una abogada que integró el equipo de Niñez de la Municipalidad de Santa Fe, Agustina Taboada; y de la abogada Carolina Walker, que representó a una de las familias que denunciaron a Trigatti.
Según el abogado que defendió al profesor, Marcos Barceló, estas profesionales generaron un "armado fraudulento" del caso, que terminó complicando la situación de Trigatti.
¿A qué se refiere Barceló?
En primer lugar, a que pocas horas después de la primera denuncia, Del Río Ayala envió el caso a la abogada Agustina Taboada, como integrante del área municipal de Niñez. Y Agustina Taboada actuaba, casualmente en ese momento, como abogada personal de esta fiscal.
A su vez, Taboada era socia de Carolina Walker en un estudio jurídico. Y Carolina Walker terminó representando, como abogada, a una de las familias denunciantes en este caso.
Pero más allá de los dichos de Barceló, esta situación generó -o puede generar en el futuro- una serie de consecuencias directas, tanto sobre la fiscal, como en las dos abogadas.
Desde hace unos meses, Alejandra Del Río Ayala dejó de trabajar en la Unidad Fiscal Especial de Género, Familiar y Sexual de la Regional Santa Fe, por decisión de la Fiscalía General del MPA.
Pasó a depender directamente de la fiscal general, María Cecilia Vranicich, quien le encomendó la tarea de auditar el manejo de las causas sobre violencia de género llevadas adelante durante los últimos años por el fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, denunciado e investigado en estos momentos por la Legislatura de la Provincia.
En caso de que los jueces que absolvieron a Trigatti hicieran mención en sus argumentos al desempeño de la Unidad Fiscal de Género de Santa Fe en esta causa, probablemente el fiscal regional, Jorge Nessier, deba dar intervención a la Auditoría General de Gestión.
Si esto sucede, la Auditoría terminará investigando la conducta de Del Río Ayala, para determinar si cometió algún tipo de irregularidad.
Distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que previamente al juicio oral de Juan Trigatti, se le pidió a Del Río Ayala que estuviera presente como la fiscal que tomó decisiones claves durante gran parte del proceso.
Sin embargo, la fiscal se excusó de asistir a las audiencias. En su lugar, estuvieron los fiscales Jorgelina Moser Ferro, nueva jefa de la Unidad Especial, y Matías Broggi.
Mientras esto sucede en el MPA, el Tribunal de Conducta del Colegio de Abogados de Santa Fe recibió el 6 de agosto una denuncia para que se investigue el accionar de Agustina Taboada y Carolina Walker. Y el 4 de octubre, hubo una ampliación del planteo.
Quienes llevaron el caso al Tribunal de Conducta fueron Juan Trigatti y su esposa, Fernanda Deluca: ellos plantearon que "Taboada actuó como integrante del Equipo de Guardia del Servicio Municipal de Niñez en tres casos de sospecha de abuso infantil, y en el cuarto caso, también abordado por ese organismo, intervino como querellante el equipo jurídico Walker Torres, del cual Taboada también forma parte".
Y agregaron: "Consideramos que la participación de la Dra. Agustina Taboada, como integrante de un organismo del Estado interviniente en las tres primeras denuncias del caso judicial, y su pertenencia al estudio jurídico que se constituye como querellante en la cuarta denuncia, arroja un manto de sospecha y puede resultar violatorio del Código de Etica Forense, como a los principios de ética profesional".
Luego del juicio, ampliaron su denuncia y añadieron que "se acreditó que Agustina Taboada entrevistó a tres niñas y a sus familiares y redactó informes a pedido de la fiscal Alejandra del Río Ayala... que fueron utilizados como fundamento para la imputación del profesor Juan Trigatti".
"Esta intervención -insistieron- fue cuestionada en el juicio por la psicóloga Julia Bruzzone, integrante también del equipo de guardia del Servicio Local de la Municipalidad de Santa Fe, quien manifestó haber estado presente en dos de estas entrevistas, haber desaconsejado la realización y continuidad de las mismas, y desconocer el contenido del informe que redactó la abogada, el cual no se ajustaba a lo ocurrido durante dichas intervenciones y a las manifestaciones de las niñas".
Finalmente, en la denuncia se plantea que "también se probó en el juicio oral que Taboada y Walker eran abogadas particulares de la fiscal Alejandra del Río Ayala al momento de su intervención en la causa, y que Carolina Walker actuó luego como querellante en uno de los casos, exponiendo así una falta de ética en el modo de proveerse clientes".
Por el momento, el Tribunal de Conducta del Colegio de Abogados no se expidió sobre estas denuncias.
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