El abogado Marcos Barceló había sido imputado por varios delitos en 2021, a poco de iniciar la causa por abuso sexual que culminó en la absolución del docente.
Marcos Barceló es el abogado defensor del maestro Juan Trigatti, quien fue juzgado y absuelto en una causa por abuso sexual infantil.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Federico Grimberg, archivó parcialmente las actuaciones que habían comenzado en septiembre de 2021, y que tenían bajo la lupa al abogado Marcos Barceló. En ese entonces, Barceló se desempeñaba como defensor del docente de educación física Juan Trigatti, denunciado por abuso sexual en el jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.
Barceló había sido imputado el 13 de octubre de 2021, luego de haber realizado una serie de publicaciones en redes sociales, en las que cuestionó el desempeño de la Fiscalía y sostuvo que la causa contra Trigatti estaba siendo "manipulada".
En la audiencia, realizada en los tribunales de Santa Fe, el entonces fiscal coordinador Jorge Nessier, le atribuyó a Barceló la autoría de los delitos de 'desobediencia a una orden judicial’ e ‘incumplimiento de deberes procesales’; en tanto, el 19 de noviembre de 2021 se realizó una ampliación de la imputación y se endilgó a Barceló la autoría de los delitos de ’Intimidación Pública’ e ‘Incitación a la violencia colectiva’.
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Pasados más de cuatro años de la imputación, Grimberg valoró: “Advierto que en el caso concreto ha transcurrido el término máximo legal de la pena prevista para los delitos antes mencionados, a excepción del de Intimidación Pública e Incitación a la violencia colectiva”, precisa en el escrito al que tuvo acceso AIRE.
El archivo fue dispuesto luego de que el propio Barceló presentara un pedido de sobreseimiento por el tiempo transcurrido.
El delito de “desobediencia de una orden judicial” fue imputado luego de que Barceló no respetara una orden judicial impartida en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N°1 y que fue tramitada por la abogada Carolina Walker que asistía en ese entonces a las fiscales Alejandra Del Río Ayala y Celeste Minitti.
Aquella resolución, que lleva la firma del juez Esteban Masino, intimó a Barceló a que “inmediatamente cese, elimine las existentes y se abstenga en el futuro de efectuar menciones difamatorias, calumniosas e injuriantes y hostigamiento público, mediático y en redes sociales contra las fiscales”.
Las publicaciones habían sido realizadas entre el 1 y 8 de octubre de 2021, entre las cuales el abogado realizó una serie de posteos en donde sostuvo que existían supuestas “manipulaciones de causas” en el área de la que forman parte de las fiscales. Inclusive, publicó una nota del diario Clarín en donde hay un video de una audiencia en tribunales en donde la fiscal Del Río Ayala, en pleno alegato de un juicio, habría discriminado a una testigo por su aspecto físico.
Nessier también había atribuido a Barceló haber efectuado expresiones “difamatorias y calumniosas” contra Del Río Ayala, en un reportaje que dio a AIRE el 7 de octubre de 2021, cuando fue detenido el docente Juan Trigatti, en marco de la causa por el presunto abuso de por lo menos cuatro alumnas que asisten al jardín Ceferino Namuncurá del barrio Yapeyú, y que terminó con la absolución en marco de un juicio oral.
En aquella entrevista, Barceló había referido que la fiscal Del Río Ayala habría filtrado la información imprudente a los “medios” que motivaron el violento ataque hacia la vivienda de Trigatti ubicada en barrio Villa Hipódromo. La misma fue incendiada de manera intencional, situación que causó la muerte de las mascotas de la familia Trigatti.
Otro de los hechos atribuidos a Barceló fue el de haberse “abstenido intencionalmente”, el 29 de septiembre del 2021, de “comparecer ante la Unidad Fiscal Santa Fe”, para brindar declaración en el marco de una investigación que se originó en el MPA a causa de una denuncia que radicó el mismo letrado. Dicha denuncia apuntó a que la fiscal Minitti, en un juicio oral y público que se desarrolló semanas atrás en tribunales, habría mandado mensajes, en pleno debate, a una perito que declaró en un juicio por una causa de abuso cuyo imputado era un hombre que era juzgado por el abuso de su sobrina.
Por esa denuncia, la fiscal del área de delitos en flagrancia, Rosana Peresín, inició una investigación por lo que citó “legalmente” a declarar a Barceló. Sin embargo, el abogado no se presentó en Fiscalía por lo que el fiscal Nessier consideró que Barceló cometió un “incumplimiento de deberes procesales”.
En octubre de 2021, el maestro de educación física del jardín de infantes Ceferino Namuncurá fue denunciado por abuso sexual; el caso trascendió cuando un grupo de padres de alumnos que asistían al jardín del barrio Yapeyú, se concentraron fuera del establecimiento educativo ubicado avenida 12 de Octubre al 9400. Allí, mediante aplausos y quema de cubiertas exigieron respuestas a las autoridades educativas.
Al tomar conocimiento de la denuncia que pesaba en su contra, Trigatti se puso a disposición de la Justicia por lo que el fiscal Broggi ordenó su detención para su posterior imputación en tribunales, previo a la realización de las entrevistas en Cámara Gesell a los menores. El maestro fue imputado como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado porque, al momento de los ilícitos, era el encargado de la educación y de la guarda de las víctimas”.
Dos días después, y en medio de un contexto marcado por brutales ataques a la vivienda familiar del docente por allegados a los alumnos del jardín, el fiscal expuso las evidencias del caso y solicitó que Trigatti permanezca detenido en prisión preventiva, tras argumentar que la pena en expectativa -que parte de las 8 y puede llegar hasta los 50 años de cárcel- podría generar que el imputado pueda fugarse o por lo menos entorpecer la investigación.
Trigatti transitó la investigación en prisión y recuperó la libertad luego de la realización de la audiencia preliminar, con una fianza millonaria; tres años después del comienzo de la causa, se realizó un juicio oral que culminó con la absolución de todos los delitos atribuidos, por decisión unánime del tribunal de juicio. La Fiscalía apeló la decisión de los jueces de primera instancia y la causa será revisada por la Cámara de Apelaciones.
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