“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044", señaló fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario.
El fiscal se refirió de esa manera directa a las acciones que llevaron adelante, según la imputación, los acusados que están detenidos, como los exdirectivos Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. El fiscal pidió que los cuatro acusados queden en prisión preventiva por 120 días.
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La extensa acusación del fiscal apuntó a que los exejecutivos de Vicentin continuaron con el manejo de la empresa, que cayó en default en diciembre de 2019, a pesar de que se habían apartado de las riendas de la agroexportadora. Narvaja sostuvo que los acusados usaron fondos de la compañía, en medio de un complejo concurso de acreedores, para costear gastos personales, como el pago de los honorarios de los abogados. Ese dinero, según detalló el funcionario, salió de las cajas de empresas satélites de Vicentin, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton, entre otras.
También, según los acusadores, los exejecutivos de la agroexportadora usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se comenzó en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal.
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19 exdirectivos de la empresa Vicentin están acusados por diversos delitos, entre ellos estafas y asociación ilícita.
Tras dos días de audiencias, este viernes, los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Nicolás Fopiani y Valeria Pedrana recibieron un pedido de 120 días de prisión preventiva para los máximos responsables de Vicentin. Si lo aceptan, Buyatti, Macua, Gazze y Scarel seguirán presos. Los otros 15 imputados no estarán con medidas de prisión, pero a todos se les pidieron fianzas elevadas, que suman 150.000.000 de dólares.
Lo que señalaron en audiencia los fiscales es que este agrupamiento criminal, como los llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024 con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos.
Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa, según los fiscales, fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
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La audiencia imputativa arrancó el jueves de manera bastante caótica cerca de las 15 y siguió hasta el viernes a la tarde. Los fiscales Narvaja y Miguel Moreno expusieron un cuadro de situación del pasado reciente y el presente de Vicentin, y la injerencia que tuvieron en el derrumbe los exdirectivos de la firma.
Vicentin atraviesa una situación crítica. No sólo no tiene para pagar los sueldos a más de 2.000 empleados que tiene en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, sino una deuda postconcursal de 5.000 millones de pesos, y desde el viernes pasado se sumó otro problema: cuatro exdirectivos de la empresa están detenidos. Por eso, la importancia de la audiencia de este jueves.
Las detenciones de los cuatro exdirectivos fueron ordenadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, donde desde 2020 hay una investigación abierta contra la mesa ejecutiva que gerenció la empresa que nació en Avellaneda, norte de Santa Fe. La causa es por estafas y asociación ilícita.
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19 exdirectivos de la empresa Vicentin están acusados por diversos delitos, entre ellos estafas y asociación ilícita.
A fines del año pasado, el fiscal Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. En mayo de 2023, cuando la Fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La Justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares.
Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó a AIRE una fuente ligada a una de las familias fundadoras.
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Cuando el fiscal Narvaja analizó la información, detectó y confirmó estas irregularidades, y ordenó la detención, en momentos en que el foco de la atención estaba en Omar Scarel, expresidente de Vicentin, a quien el extitular de ARCA Carlos Vaudagna había nombrado en su declaración como arrepentido. Narvaja le ganó de mano a los fiscales federales, entre ellos, Roberto Salum, de Reconquista, que investigan la relación tóxica que tenía Vaudagna con Scarel y los favores que le había hecho a la agroexportadora con la liquidación de impuestos.
En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionario de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vícentin SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.
