Según un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, el empleo privado registrado se contrajo 1,9% y el estatal 1,2%. Monotributistas y autónomos son los únicos con variación positiva.
El gobierno que conduce el presidente Milei pulverizó prácticamente la mitad de los empleos formales privados.
En estos 14 meses, una de las líneas de gestión en las que más se aplicó el gobierno de La Libertad Avanza, es la reconfiguración del mercado laboral heredado del Frente de Todos. En los cuatro años del peronismo coaligado, se habían creado 611 mil puestos registrados entre públicos y privados, pero también 687 mil monotributistas. La reconfiguración del perfil laboral general ya marcaba un desplazamiento del empleo bajo patrón al trabajo autónomo o el emprendedurismo.
El último informe sobre el mercado de trabajo publicado por Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA), contiene el gráfico que ilustra el proceso.
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Según datos oficiales recopilados por CIFRA, el gobierno que conduce el presidente Javier Milei bajó prácticamente la mitad de los empleos formales privados generados en 4 años por el FDTCN. También 43 mil empleos estatales y 20 mil de casas particulares. La suma de puestos perdidos es de 187 mil hasta octubre 2024.
El sector de actividad que mayor cantidad de empleos perdió es la Construcción, con 69.700 empleos (-15,9% interanual). En una nota anterior de AIRE se hacía referencia a los datos de FISFE para el empleo formal santafesino y el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, apuntaba que Santa Fe era la tercera provincia con menor pérdida de empleos en la construcción, con una variación negativa de -7,4%, la mitad de la media nacional. Por los altísimos niveles de precariedad contractual (58,8%), este rubro -con niveles salariales de $6 mil por hora y $34 mil por jornada- es el que más rápidamente desemplea, pero también el que más velozmente se recupera.
El segundo sector económico que más empleos perdió a nivel nacional, fueron las actividades manufactureras, con 25.200 trabajadores menos (-2,1% interanual); es decir que los dos sectores con mayor mano de obra intensiva perdieron 83.600 puestos laborales. La contracara positiva de esta situación se verifica en los 11.800 puestos ganados por el sector agropecuario y los 7.800 de las actividades relacionadas con el comercio (que se producen con un indicador de consumo negativo interanual del 12%), que quedan muy lejos de compensar dos cosas: la caída general del empleo en el resto de los sectores -a industria genera más empleo que el complejo agropecuario- y de los niveles de actividad del -3%.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la 112 Reunión de la OIT celebrada el año pasado analizó esta situación como una “transición mientras se construye un nuevo contrato social en Argentina”, entre empleadores y trabajadores, porque el que emerge del ciclo político anterior “está dañado”. “Hay que reconstruir la capacidad de contratar y ser contratado, hay que reconfigurar el ideal aspiracional de nuestros ciudadanos y las instituciones destinadas a lograrlo”.
La asociación del subtítulo no es pura gracia. Si hablamos de empleo y retribuciones, en la antigüedad la sal se utilizaba como uno de los medios de equivalencia de valor y pago, aunque los primeros registros históricos hablan de los Mayas como los inventores de lo que podríamos denominar una cripto del Siglo XIV, que se utilizó como una moneda de curso legal en países africanos como Etiopía, hasta principios del Siglo XX.
Salario proviene de sal, pero sus desempeños no reconocen otros parentescos: mientras el precio de la sal en 2024 se incrementó un 523,9%, el salario privado perdió 18%, el estatal 21%, el de los jubilados un 22% y los informales un 15% en promedio. Este cálculo se realiza comparando los incrementos reales de 2024 con los niveles de inflación que calcula con defecto el INDEC. Otra forma de medir el diferencial entre inflación e ingresos es medirlos contra el incremento acumulado de la canasta de los y las trabajadoras, es decir, la Inflación de la Canasta de los y las Trabajadoras (ICT).
La ICT refleja el piso de dignidad que establecen el Artículo 14bis de la Constitución y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en donde se especifica que el salario debe cubrir no solo la alimentación, sino también vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Según cálculos de la consultora Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), la ICT fue del 101% interanual calculada para enero 2025, 16 puntos más alta que la inflación calculada por el INDEC. Pero las diferencias interanuales tuvieron picos entre enero y julio 2024 que oscilaron entre 240% y 300%.
El secretario Julio Cordero, sostiene que el acuerdo social y económico que debería funcionar para resolver estas diferencias entró en crisis, y que “hoy tenemos un patrimonio de pobreza, por la inflación descomunal heredada y sus consecuencias para la informalidad y también para el trabajo formal, creemos que profundizando el diálogo sobre la reforma laboral se generarán mejores condiciones de empleabilidad y desarrollo”.
Esta semana que cierra, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja arrojó sobre la mesa de una reunión entre pares una frase resonante: “Salario digno es el que se puede pagar”. En noviembre de 2021, un Ministro de Trabajo de un gobierno peronista sostuvo prácticamente lo mismo: “El sueldo digno es aquél que estemos en condiciones de pagar y sostener”. Este parece ser uno de los pilares del nuevo contrato entre Estado, empleadores y trabajadores, que busca legitimación en el derecho positivo y que sigue prometiendo mejores resultados en calidad de empleos y salarios, para el futuro inmediato.
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