Es que la Corte declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad presentado por una de las empresas acreedoras (Commodities) y, en consecuencia, anuló la sentencia impugnada que habilitaba el acuerdo de pago impulsado por la firma.
"La Corte Suprema dijo que no homologó la oferta de pagos que presentó Vicentin por inconstitucional. La raíz del problema es que estableció diferenciación y categorías entre acreedores: a algunos les paga todo y a muchos les paga con quita de hasta el 80%", sintetizó Galíndez.
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En esa línea, afirmó que, "si Vicentin hubiese armado categorías en su momento inicial, ahí no era inconstitucional. Pero no lo hizo porque, si armaba categorías, después tenía que pedir que cada una le apruebe por amplia mayoría la oferta de pago, y había algunas que no iban a pasarla".
"Vicentin optó por otro lado y, además, hay otro problema: la empresa no puede vender los activos que tiene porque están cautelados con fallo de Cámara en el marco de la investigación de la estafa", sumó el periodista especializado.
Por otro lado, Galíndez reconoció en el fallo que "la Corte no dijo que ya vayan al cramdown. Le recomienda o le indica el camino para que vaya, pero la decisión la tiene que tomar la Cámara de Apelaciones, pero no de Reconquista, sino la de Rafaela porque la Justicia entiende que ahí se va a tratar el caso sin tanto debate si son parciales o no parciales los jueces".
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"Esto puede demorar hasta tres meses para decir 'vayan al cramdown', y ese proceso del cramdown también lleva mucho tiempo", remarcó y lamentó: "Los empleados y los acreedores son los que están viendo desde la tribuna lo que está pasando, pero son los que están sufriendo y pueden seguir sufriendo aún más si no hay un entendimiento".
