El decreto que generó alarma en la industria
La eliminación del CIBU, implementada de forma abrupta, encendió las alarmas en todo el ecosistema agroindustrial. Desde AFAT aseguraron que esto generará efectos económicos, sociales y ambientales adversos, comprometiendo el desarrollo sostenible del país.
Las empresas nucleadas en AFAT tienen una presencia histórica en la Argentina: cuentan con 12 plantas fabriles en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y emplean a más de 16.700 personas entre personal directo, proveedores y red de distribución. Además, operan en más de 500 puntos de servicio en todo el país.
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El ingreso sin restricciones de maquinaria usada impacta más allá del comercio: afecta al empleo, la sustentabilidad ambiental, la seguridad operativa y hasta puede facilitar el lavado de dinero, advirtió AFAT.
Cómo afecta la maquinaria agrícola usada al desarrollo tecnológico del agro argentino
La Asociación resaltó que una máquina nueva es al menos un 25% más productiva que una con más de 10 años. En un país donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan esa antigüedad, la oportunidad de mejorar la productividad sin ampliar la superficie sembrada es clara.
Sin embargo, permitir el ingreso de equipos usados y obsoletos, sin trazabilidad ni garantías, atenta contra la modernización del agro.
Competencia desleal y desequilibrio productivo
AFAT señaló que el decreto introduce una asimetría en las condiciones de competencia: los equipos usados provienen de economías subsidiadas con menores cargas fiscales y laborales, condiciones de financiamiento ventajosas y políticas de promoción industrial, lo que debilita a la producción nacional.
Además, alertaron que en Argentina, hasta el 75% de las ventas de maquinaria nueva incluye la entrega de equipos usados como parte de pago. Con este cambio, se desincentivará la compra de maquinaria nueva, lo que afectará a toda la cadena productiva.
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Por qué preocupa la importación irrestricta de maquinaria agrícola usada
El ingreso sin restricciones de maquinaria usada impacta más allá del comercio: afecta al empleo, la sustentabilidad ambiental, la seguridad operativa y hasta puede facilitar el lavado de dinero, advirtió AFAT.
El sector agroindustrial genera cerca de 3,5 millones de empleos y aporta uno de cada cuatro pesos del PBI nacional, además de representar USD 45.000 millones en exportaciones.
Desde AFAT reiteraron su compromiso con la libre competencia, pero solicitaron una revisión de la medida. Recordaron palabras del ministro Luis Caputo en noviembre de 2024, cuando advirtió que “no se debe pasar de un extremo al otro” y que cualquier apertura debe hacerse cuidando también a quienes invierten y producen localmente.
“Estamos a disposición de las autoridades para encontrar una solución que beneficie a todos los actores”, concluyeron desde la Asociación.
