El hecho ocurrió el pasado 4 de abril, cuando Páez participaba en un simulacro de control de disturbios. Según la reconstrucción judicial, uno de los instructores habría golpeado con violencia el escudo que ella sostenía, provocando su caída hacia atrás y un fuerte impacto en la cabeza contra el suelo. A pesar de mostrar signos evidentes de desorientación, los ejercicios continuaron durante varios minutos.
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La causa, que está en manos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dio un giro cuando varias compañeras de Brisa declararon que la joven habría recibido un trato más violento que el resto del grupo. Algunas incluso mencionaron la existencia de una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, lo que podría haber influido en el accionar del implicado.
Según la investigación, Brisa tenía solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no contaba con la capacitación necesaria para participar en este tipo de ejercicios. También se supo que, tras el incidente, pasaron varias horas antes de que fuera atendida por un médico de la base.
La joven fue trasladada al hospital militar de Campo de Mayo, donde presentó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Días después, su cuadro empeoró y fue derivada al Hospital Militar Central, donde permaneció una semana en coma inducido. Los estudios médicos confirmaron que había sufrido una lesión axonal difusa, una grave forma de daño cerebral causada por movimientos violentos de aceleración y desaceleración.
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Ante el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano.
Ante la gravedad del caso, la jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados. Durante los procedimientos, se incautaron teléfonos celulares, registros audiovisuales del entrenamiento y documentos internos. Nueve militares fueron detenidos.
La Justicia tiene ahora diez días para resolver la situación procesal de los acusados. Los delitos que se investigan incluyen lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento.
