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Discriminación estructural
La abogada también destacó que la resolución, lejos de ser un error aislado, fue validada por varias direcciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que genera aún más preocupación. “Este tipo de resoluciones no solo reflejan la visión de un funcionario, sino que son el resultado de un proceso institucional que involucra a diversas áreas de la agencia. Esto nos deja claro que las personas con discapacidad están siendo excluidas del proceso de toma de decisiones sobre sus propios derechos”, subrayó Peña.
El riesgo de perder pensiones y derechos
Uno de los aspectos más alarmantes de la resolución es la reactivación de los controles sobre las pensiones no contributivas. Según Peña, la resolución no solo introduce una terminología discriminatoria, sino que también pone en riesgo el acceso a estas pensiones para muchas personas con discapacidad. “Estamos hablando de un modelo que mide la discapacidad en porcentajes, lo cual es erróneo y peligroso. Las personas con discapacidad no tienen un porcentaje de discapacidad, son personas con discapacidad, y esa distinción es fundamental”, agregó Peña.
Además, las personas con discapacidad están siendo convocadas a someterse a auditorías médicas, lo que implica una nueva revisión de su situación. “Estamos de acuerdo con que haya controles, pero el problema radica en el enfoque con el que se llevan a cabo”, indicó Peña, quien también cuestionó las condiciones para acceder a los estudios médicos necesarios para completar estas auditorías. "Las citas para estudios son limitadas y la saturación del sistema de salud pública puede dejar a muchos sin la posibilidad de cumplir con los requisitos", explicó.
Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Una perspectiva excluyente
La abogada también hizo énfasis en la falta de participación de las personas con discapacidad en el proceso de elaboración de políticas públicas. “El principio básico del modelo social de discapacidad es 'nada sobre nosotros sin nosotros'. No podemos pensar ni planificar ninguna política pública sin la voz activa de las personas con discapacidad”, afirmó Peña. En este sentido, destacó que, en un contexto de modernización del Estado, las primeras personas despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad fueron aquellas con discapacidad.
La necesidad de una mirada inclusiva
Finalmente, Peña remarcó la importancia de no retroceder en los avances conseguidos en materia de derechos de las personas con discapacidad. “La verdadera inclusión no se mide por porcentajes ni por etiquetas, sino por la capacidad de una sociedad de garantizar a todos sus miembros la igualdad de oportunidades y el respeto a su dignidad”, concluyó.
La resolución sigue generando un debate profundo sobre cómo se conciben y se gestionan los derechos de las personas con discapacidad en el país. A medida que se intensifican las protestas y se organizan más audiencias, el futuro de estas políticas sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que la lucha por la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad continúa siendo una prioridad.
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