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Actualidad Corrientes | inseguridad | Loan

Caso Loan: la inseguridad descontrolada en Corrientes amenaza la gestión de Gustavo Valdés

La alarmante inseguridad en Corrientes y la desaparición de Loan amenazan la gestión del gobernador Gustavo Valdés.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, enfrenta una grave crisis de inseguridad en su provincia, originada por la deficiente implementación del Código Procesal Penal introducido en 2022. Esta reforma, aunque ambiciosa en teoría, resultó impracticable en la gestión diaria debido a la falta de recursos, agravando los problemas en la sociedad correntina.

Corrientes, una provincia en estado de alarma

Desde hace dos años, los correntinos denuncian una “puerta giratoria” de delincuentes peligrosos, mientras los casos de abuso sexual contra menores continúan en aumento. El caso Loan expuso la incapacidad de la justicia correntina para proporcionar certeza sobre el paradero de un niño desaparecido, cuya búsqueda se ha convertido en una preocupación nacional.

Desafortunadamente, las expectativas sobre el destino del pequeño Loan, de cinco años, son sombrías, especialmente considerando los numerosos incidentes extraños que ocurren en Corrientes.

Si Loan fue víctima de una red regional de trata de personas, según la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, este delito implica "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación".

En Corrientes, hay un promedio de 2,5 denuncias por cada 100.000 habitantes que se reportan a la línea telefónica 145. La línea 145, gestionada por el Ministerio Público Fiscal en colaboración con el Ministerio de Justicia de la Nación, ha recibido más de 7.500 denuncias por trata de personas en Argentina entre enero de 2020 y mayo de 2024.

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Sin embargo, en Corrientes, muchos casos no se denuncian debido al miedo y a la falta de información, a diferencia de lo que ocurre en CABA. Se estima que el número real de denuncias en la provincia gobernada por Gustavo Valdés debería ser mayor.

El periodista televisivo Gustavo Gamboa denunció hace un año que la población observa impotente cómo la policía detiene a peligrosos delincuentes que luego son liberados debido a la incapacidad de los funcionarios judiciales para mantenerlos tras las rejas.

Desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal, cada vez más ladrones entran y salen rápidamente de prisión, volviendo a delinquir en pocas horas. Las redes sociales de los correntinos están llenas de relatos que evidencian que las calles de la capital provincial están dominadas por delincuentes.

Las movilizaciones y el reclamo popular

La indignación popular se manifestó en movilizaciones recientes donde los ciudadanos exigen respuestas sobre el paradero de Loan y piden por mayor seguridad en las calles. La mala implementación del Código Procesal Penal resultó en una creciente frustración, ya que los delincuentes detenidos son liberados rápidamente debido a la falta de capacidad de los fiscales y jueces para retenerlos.

Según Gamboa, “el gran responsable de que los delincuentes estén libres es el Código Procesal Penal que los renombrados juristas propusieron y los sesudos legisladores correntinos aprobaron. En ese texto hay incongruencias increíbles con la realidad. En el papel puede brillar, en la práctica es una incoherencia. Por ejemplo, toda la decisión de iniciar el papeleo judicial y solicitar la detención de un delincuente recae en los fiscales. Excelente en la lectura. En los hechos es impracticable”.

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En su columna para el diario Época, Gamboa explicó que “en la Primera Circunscripción judicial hay solo siete fiscales de investigación para unas 80.000 denuncias por año. Esto equivale a que cada fiscal debería investigar unos 11.400 casos anualmente, es decir, 950 expedientes judiciales por mes, unos 31 por día. Impracticable. Los fiscales no deberían tener vacaciones ni descanso semanal ni feriados, ni siquiera un rato libre para dormir. Y así y todo no les alcanzaría el tiempo”.

Además, un comisario, cansado de no poder reducir el índice de robos en su jurisdicción, le comentó a este periodista que un fiscal, abrumado por la cantidad de casos que debe resolver, le dijo que "no lo moleste a menos que haya sangre"; es decir, si hay muertos o heridos. Arrebatos, robos a casas deshabitadas, asaltos sin víctimas lastimadas no tienen importancia. La denuncia terminará en el polvoriento cajón de un destartalado escritorio de alguna comisaría".

Respuesta tardía del gobernador Valdés

Esta situación persiste desde mediados de 2021, pero el gobernador Gustavo Valdés tomó nota recién tres años después, al final de su mandato, y decidió enviar un proyecto de ley para endurecer el proceso penal contra delincuentes reincidentes, permitiendo a los fiscales solicitar al juez de Garantías la detención de quienes incurran en "la repetición de conductas delictivas".

El caso Loan, de repercusión nacional, ha explotado en la cara del gobernador Valdés y de la justicia correntina. La pandemia de inseguridad ciudadana, nunca resuelta durante sus dos mandatos, podría ser el Talón de Aquiles de un proyecto de perpetuación en el poder de Gustavo Valdés, que intenta realizar a través de su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y aspirante a sucederlo en el sillón de Ferré.

A pesar de los buenos vínculos de los Valdés con la Casa Rosada, una figura política muy poderosa, Karina Milei, ha decidido inscribir a La Libertad Avanza en Corrientes para participar con candidatos propios y disputar la sucesión de Valdés.

FUENTE: Noticias Argentinas